Ortega prepara plan electoral para eliminar oposición en Nicaragua

INTERNACIONAL

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Presidente nicaragüense, Daniel Ortega / Foto: Cancillería del Ecuador

Lectura: 9 minutos

Representantes demócratas y republicanos presentaron el viernes al Congreso de Estados Unidos un proyecto legislativo que busca presionar al gobierno de Daniel Ortega para reclamar elecciones libres en Nicaragua.

Conocida como Ley RENACER, el documento fue presentado bajo el título «Reforzar la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la Ley de Reforma Electoral de 2021».

«El Gobierno de los Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas de política exterior disponibles para garantizar elecciones libres, justas y competitivas en Nicaragua», insistió el representante demócrata por Nueva Jersey, Albio Sires, quien además es presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional.

Las elecciones generales de Nicaragua están previstas para el 7 de noviembre de 2021. Organizaciones de la sociedad civil, opositores y expertos han denunciado el clima de violencia que el Gobierno ejerce contra sus contrincantes.

En la propuesta Sires está acompañado por la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar.

La representante Salazar, acusando al gobierno de Ortega de perseguir y hostigar a quienes se le oponen, afirmó: «¡Siempre debemos apoyar a los hombres y mujeres valientes que luchan por la libertad, la democracia y los derechos humanos en Nicaragua!».

La propuesta ha sido copatrocinada por los representantes republicanos Mark E. Green, (R-TN), miembro de rango del Subcomité y Mario Diaz-Balart (R-FL). También la impulsan los demócratas Debbie Wasserman Schultz (FL), Stephanie Murphy (FL), Darren Soto (FL), Juan Vargas (CA) y Ted Deutch (FL) se unieron como copatrocinadores originales.

En comentarios al texto, el representante Sires explica por medio del trabajo con los aliados estadounidenses, se busca frenar los esfuerzos de Ortega, quien asegura, se vale de «la represión, la persecución y el miedo para evitar que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad en las urnas».

La legislación contiene un apoyo unánime a la libre determinación de los nicaragüenses a elegir su destino político. «Debemos asegurarnos de que las prioridades de la política exterior de Estados Unidos reflejen el apoyo a elecciones libres y justas en Nicaragua», resaltó el representante Green.

La ley Renacer es un estatuto basado en el texto H.R.1918, presentado como Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018. La misma contempla imponer sanciones específicas de conjunto con Canadá y la Unión Europea al gobierno de Ortega.

Además tiene orientaciones precisas sobre cómo «reforzar las excepciones humanitarias y de derechos humanos en los préstamos de las instituciones financieras internacionales» al gobierno de Nicaragua.

El proyecto de ley, también demanda de informes clasificados sobre los presuntos actos de corrupción en la familia Ortega, así como la participación de Rusia en el país centroamericano.

Un punto relevante es el trato de Ortega hacia los medios de prensa independientes en el país, donde la ley establece que va de la mano con el apoyo de Estados Unidos a la libertad de información en Nicaragua.

Ortega, líder del oficialista Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FMLN), está en el poder desde 2007. Desde las protestas de mayo de 2018 es señalado por la comunidad internacional, por la represión que causó más de 300 muertos, según documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Diversos sectores de la sociedad civil en Nicaragua rechazaron unánimemente la propuesta de reforma a la Ley Electoral presentada el lunes en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para las elecciones previstas para noviembre de este año.

Los principales bloques opositores del país, la empresa privada y analistas consultados por la Voz de América coincidieron en que la propuesta del presidente Daniel Ortega es «antidemocrática» y «anula desde ya la credibilidad de los comicios», y a su vez señalaron que no cumple con los siete puntos sugeridos en 2020 por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, y quien actualmente es una de las aspirantes a competir contra el mandatario sandinista, expresó que con la propuesta de reforma a la ley electoral, «Ortega está prácticamente cancelando las elecciones» e «impidiendo desde ya que haya un cambio».

«Con esa ley, las condiciones, en vez de mejorar, se están agravando, porque Ortega está confirmando un estado de represión policial sobre nuestro derecho a elecciones legitimas y creíbles», dijo Chamorro.

La propuesta de reforma a la Ley Electoral enviada por Ortega incorpora las restricciones establecidas a posibles candidatos presidenciales en otras leyes como la de Agentes Extranjeros y la de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Además da mayor facultad a la Policía Nacional, señalada de ser la principal institución represora en el país, para otorgar permisos para mítines o actividades electorales a la oposición y el oficialismo.

«Lo que ha presentado a la Asamblea Nacional no son Reformas Electorales, son más restricciones para que el pueblo no pueda ir a votar en libertad y transparencia. Son mecanismos dictatoriales para quitarle la voz a la ciudadanía y mantener a Nicaragua secuestrada en un estado de sitio», enfatizó Chamorro el jueves.

El politólogo Félix Maradiaga, también aspirante a la presidencia, dijo que es «sumamente preocupante que esa iniciativa se aleja aún más de la posibilidad de un consenso. Además de reafirmar las inhibiciones consignadas en las leyes espurias, cierra aún más los pocos espacios de participación para la oposición».

«Quisiera suponer que esa iniciativa de reformas tan desafortunada y contraria a la resolución de la Asamblea General de la OEA es sólo una manera del régimen de elevar la parada y desmotivar a la oposición, algo que no lograrán. Sin embargo, si esa es una propuesta definitiva para las elecciones de noviembre de 2021, prácticamente se anuncia la decisión del régimen de no permitir elecciones con un mínimo de garantías», indicó Maradiaga.

El Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) , uno de los bloques más fuertes actualmente, también reaccionó al respecto y señaló que las propuestas de reformas «no responden a la demanda nacional e internacional».

La propuesta «establece nuevas restricciones a las libertades políticas y vulneraciones a la voluntad popular, impone nuevos obstáculos y obligaciones a los partidos políticos, traslada al ámbito electoral el estado policial imperante, aumenta los ya amplios márgenes de discrecionalidad del Poder Electoral y establece nuevas vulneraciones a la voluntad popular», dijo el partido en un comunicado.

«Demandamos una vez más al régimen de Daniel Ortega la implementación de las reformas electorales necesarias para que se respete el voto ciudadano en un proceso electoral que cumpla los estándares internacionales de libertad y transparencia», añadió.

Por otro lado, el sector privado señaló la urgencia de la aprobación de «una reforma electoral sustantiva que incorpore las propuestas que han presentado los partidos políticos extraparlamentarios, los movimientos políticos de oposición, así como las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea para garantiza la modernización y restructuración del Poder Electoral».

«Nicaragua continúa en un estado policial que no permite el ejercicio de derechos humanos y constitucionales básicos, situación que hace inviable un proceso electoral en el cual se pueda realizar una competencia electoral libre y transparente», advirtió el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal patronal del país.

«Trabajemos para resolver la crisis sociopolítica que venimos arrastrando desde abril del 2018», finalizó diciendo el empresariado, otrora aliado al gobierno sandinista.

Tras conocerse las propuestas del gobierno, algunos opositores como el exembajador de Nicaragua en Washington Arturo Cruz, quien también forma parte de los siete aspirantes a la presidencia, propuso invitar como observadores para los comicios electorales de noviembre a los expresidentes estadounidenses George W. Bush y Barack Obama, así como al exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, y un representante personal de Antonio Guterres secretario general de la ONU.

«En las elecciones de 1990 se logró un traspaso pacífico del poder por la aceptación del gobierno Sandinista y la oposición democrática, de la observación internacional. En ese proceso, destacó la figura aceptable y respetada por todos del expresidente Jimmy Carter, que conjuntamente con Baena Soares, secretario general de la OEA, y Elliot Richardson, representante personal del secretario general de la ONU, actuaron como garantes de ese proceso electoral», propuso Cruz.

La propuesta de reforma electoral fue presentada el lunes en el Parlamento Nacional y posteriormente pasó a una comisión especial que dictaminará cambios para luego ser discutida en el plenario, donde el oficialismo tiene la mayoría de los votos.

El diputado Mario Asensio, del Partido Liberal Independiente (PLI) y miembro de la Comisión Especial, comentó que la reforma electoral «se estará analizando» y se convocará a los partidos políticos que tienen representación legal para que ellos pasen sus consideraciones de reformas que consideren pertinentes.

Otro artículo de interés: Derechos Humanos en agenda de Casa Blanca

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