Violencia callejera incontrolable en Colombia

INTERNACIONAL

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Foto: Andrés Gómez Tarazona

Lectura: 10 minutos

Miles de personas volvieron a las calles de Colombia el miércoles para participar en el segundo «paro nacional» de protesta contra el gobierno, que comenzó a dialogar con distintos sectores políticos, económicos y sociales, pero sin invitar a líderes de los manifestantes ni de la oposición.

El paro, que ocurre en la octava jornada consecutiva de protestas, se ha realizado mayoritariamente en paz, aunque no han faltado los disturbios en ciudades como Bogotá donde un grupo de personas se enfrentó en la Plaza de Bolívar con los policías que protegen el Capitolio.

Las manifestaciones arrancaron el 28 de abril contra la ya retirada reforma tributaria del gobierno colombiano y continúan, entre otras cosas, en rechazo a la brutalidad policial que según la ONG Temblores se ha cobrado la vida de 37 personas en los últimos ocho días.

En la víspera del «paro nacional», al menos 72 civiles y 19 policías fueron heridos en una manifestación en Bogotá donde atacaron 23 estaciones de policía, una incendiada y diez empleados adentro que milagrosamente lograron escapar.

La situación se puso tensa en la Plaza de Bolívar, centro del poder político y judicial de Colombia y el punto de llegada de las marchas más grandes.

Un grupo de personas tumbó las vallas que separan la Plaza de Bolívar del Capitolio y luego atacó a pedradas el edificio mientras el Congreso estaba en sesiones. Aunque varios intentaron entrar, la policía dispersó el intento con gases lacrimógenos.

En Medellín, miles de personas se manifestaron pacíficamente, mientras en Cali, principal foco de las protestas, decenas de indígenas llegaron del vecino departamento del Cauca, donde el conflicto ha recrudecido en los últimos meses.

Este miércoles también comenzó el «Encuentro para avanzar en una agenda sobre lo fundamental», la convocatoria al diálogo que hizo el presidente Duque y en la que participaron representantes de universidades, organizaciones estudiantiles, líderes comunitarios, gobernadores y alcaldes, según el gobierno.

Sin embargo, diversos sectores han criticado que en esta convocatoria inicial el presidente no haya tenido en cuenta a los líderes del Comité Nacional de Paro, organizadores de las protestas, ni a los opositores que han impulsado las manifestaciones.

El diálogo continuará con la participación de los presidentes de las cortes de justicia, que hicieron además un llamamiento «a los líderes del país a aplicar empatía en esas mesas de diálogo» y pidieron que «estos espacios incluyan a todos los actores involucrados en la protesta pacífica y malestar social».

Según el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, que coordina estos diálogos, los dirigentes del Comité Nacional del Paro participarán en las conversaciones el próximo 10 de mayo, cuando se cumplirán 13 días del inicio de las manifestaciones.

La represión de las protestas que han dejado una veintena de fallecidos y cientos de heridos en Colombia generó reacciones adversas al gobierno.

Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), las instituciones de EE. UU., así como otros organismos internacionales han denunciado un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los entes de seguridad colombianos, quizás sin tener a la vista la violencia de los manifestantes que utilizaron el tradicional método de las piedras contra policías y edificios, tanto o más mortíferos que las balas de goma de la represión.

La UE se apresuró a expresar su rechazo a la violencia del Gobierno de Iván Duque y a las fuerzas de seguridad colombianas contra los manifestantes que salieron a las calles para protestar contra la reforma tributaria ya retirada por el mandatario.

La institución europea pidió que los responsables de la represión se presentaran ante la justicia.

El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, abogó por no permitir que la violencia escale a un nuevo nivel y evitar el uso de la fuerza, así como expresó la «confianza» de la UE en las instituciones colombianas para «investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos».

«La UE condena los actos de violencia, que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión. Es muy importante que se respeten estos derechos», declaró el alto funcionario, citado por el periódico El Espectador

La Organización de las Naciones Unidas hizo la misma denuncia a las autoridades de Colombia.
El portavoz del secretario general Antonio Guterres, dijo que es importante que el Gobierno del país latinoamericano permita que se lleven a cabo protestas pacíficas.

«Lo que es primordial es que el Gobierno permita a la gente expresarse de forma pacífica y manifestarse pacíficamente. Esos son los derechos básicos y esa es nuestra postura», anunció el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por lo ocurrido en el país latinoamericano e hizo un llamamiento a la calma ante la próxima convocatoria de manifestaciones «dada la situación extremadamente tensa, con militares y agentes de Policía desplegados para controlar la protesta».

«Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (…) la pasada noche, cuando la Policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas», declaró en Ginebra la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.

La oficina está trabajando para establecer el número exacto de víctimas, así como las circunstancias de los incidentes en Cali, aseguró la alta funcionaria. Además, informó que los defensores de derechos humanos afirmaron que habían sido amenazados.

Hurtado recordó a las autoridades colombianas la responsabilidad que tienen de proteger los derechos humanos y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. «Las armas de fuego solo pueden ser usadas como el último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves», concluyó.

Washington llamó a la contención de la fuerza empleada por las Fuerzas de Seguridad con el fin de evitar más víctimas.

«Urgimos la máxima moderación a las fuerzas públicas para evitar más pérdidas de vidas», afirmó en una rueda de prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter.

Al mismo tiempo, la funcionaria agregó que siguen apoyando al Gobierno colombiano en «sus esfuerzos para hacer frente a la situación actual mediante el diálogo político».

Mientras que en todo el mundo los ciudadanos de países democráticos tienen derecho a protestar de forma pacífica, expuso la portavoz, «la violencia y el vandalismo son un abuso de este derecho», concluyó.

La organización no gubernamental WOLA — Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, por sus siglas en inglés — instó al Gobierno de Estados Unidos a unirse a la preocupación internacional por el uso excesivo de la fuerza policial en ciudades de Colombia.

«Estados Unidos no puede permanecer en silencio por más tiempo frente a las vidas de colombianos en juego», afirma WOLA en un comunicado.

Además, la organización reclama a la Administración de Estados Unidos que se una al creciente clamor de voces internacionales que expresan su profunda preocupación por lo que ocurre en Colombia.

La organización agrega que el uso atroz e indiscriminado de la fuerza contra los manifestantes en las protestas no es nuevo, ya que abusos similares ocurrieron en noviembre de 2019 y septiembre de 2020. Sin embargo, añade que los acontecimientos de los últimos días parecen ser «aún más graves que los anteriores ejemplos de brutalidad policial».

Amnistía Internacional a su vez reclamo poner fin a la represión de las manifestaciones. El organismo pidió respetar y garantizar que «los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública, incluyendo la reforma tributaria».

El Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional demostró mediante su material audiovisual «el uso excesivo e innecesario de la fuerza por la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones».

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) también condenó el 4 de mayo la violencia que tuvo lugar durante las protestas en el país.

«La MAPP/OEA expresa su profunda preocupación y condena por los casos de uso desproporcionado de la fuerza pública que se han registrado en el marco de las movilizaciones y protestas que desde el 28 de abril se adelantan en el país», aseveró el organismo en un comunicado.

La institución llamó a que los responsables fueran investigados, juzgados y sancionados y rechazó «las acciones que involucran ataques de miembros de la fuerza pública contra la vida e integridad de quienes se manifiestan».

El 28 de abril miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades colombianas para protestar contra una reforma tributaria planteada por el Gobierno de Iván Duque. El paro general convocado por los sindicatos ha terminado en protestas violentas y en denuncias de brutalidad policial conmocionando a las autoridades democráticas del país.

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