Washington sanciona militares cubanos por represión de julio

INTERNACIONAL

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Protestas en apoyo a rebelión popular de Cuba en julio pasado / Foto: lezumbalaberenjena

Lectura: 7 minutos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves sanciones a tres altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (Minint), a los que vincula con la represión a los manifestantes de las protestas del pasado 11 de julio.

Los señalados son Roberto Legra Sotolongo y Andrés Laureano González Brito, ambos de las FAR; así como Abelardo Jiménez González, Jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Minint, informó el Tesoro en un comunicado de prensa.

Tras las manifestaciones del 11 de julio en más de sesenta ciudades y pequeñas localidades a lo largo de la isla, centenares de personas fueron detenidas y varias decenas han sido sometidas a juicios sumarios, según han reportado medios acreditados en Cuba.

Con las protestas populares de julio todavía en mente y la decisión del presidente Joe Biden de ofrecer internet libre a los cubanos, el gobierno de Cuba aprobó el Decreto-Ley 35/2021, un instrumento que busca regular el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías.

La norma Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico fue aprobada en abril pero se informó la pasada semana. Según las autoridades, el decreto apunta a las noticias falsas, su divulgación, la publicación de supuestos mensajes ofensivos o difamaciones que perjudiquen «el prestigio del país».

La artista Coco Fusca dijo a la Voa que ve difícil que el gobierno cubano pueda impedir que la inconformidad y la protesta social sean apaciguadas con un decreto.

«Criminalizar distintos usos del internet no va a frenar el descontento», afirmó Fusco, quien además es escritora y promotora de arte.

El decreto publicado el martes en la Gaceta Oficial No. 92 tiene entre sus objetivos además hacer uso de las telecomunicaciones como «un instrumento para la defensa de la Revolución». También impone multas a quienes violen algunas de las disposiciones, sobre todo de comercialización o instalación de dispositivos.

Entre los deberes para los usuarios, la legislación persigue que estos recursos no puedan ser usados en acciones que afecten «la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público».

Las protestas de julio, las más fuertes y frontales en varias décadas, corrieron rápidamente en videos por las redes sociales. Los cubanos pidieron desde «libertad» hasta «medicinas» y «alimentos».

El gobierno de Miguel Díaz-Canel culpó a Estados Unidos de promover el descontento, así como al embargo comercial que mantiene sobre la isla desde 1962.

Las protestas fueron reprimidas con violencia, tal como indicaron medios de prensa acreditados en Cuba y mayormente con enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los manifestantes, que fueron transmitidos en vivo o publicadas en las redes sociales.

Algunas organizaciones observadoras de los derechos humanos cifran en más de 800 los detenidos. Las autoridades informaron un fallecido mientras decenas de personas han sido juzgadas a penas de cárcel o reclusión domiciliaria.

La norma contempla 17 categorías, con subcategorías, que enumeran el tipo de contenido que es visto como delito. Incluye la alerta de riesgo y por tanto estipula la manera en que será abordado de acuerdo a la ley.

La lista de incidentes de ciberseguridad es extensa. Abarcan desde ataques informáticos o daños físicos a los sistemas de telecomunicaciones hasta hechos más graves, como el acceso y difusión de contenido pornográfico infantil, que no obstante están clasificados con un nivel de peligrosidad medio o alto.

En cambio, la categoría de «subversión social», descrito como acciones que pretendan alterar el orden público, se considera de riesgo muy alto.

«Las denuncias de abusos, arbitrariedades y carencias continuarán, mientras la articulación social seguirá fortaleciéndose. Son dinámicas indetenibles. Aspirar a controlar la libre expresión y el libre flujo de ideas mediante un decreto ley como el 35 solo cabe en la cabeza de un Estado tan paranoico y arcaico como el cubano», explica desde España Pablo Díaz, director del portal Diario de Cuba.

De todos modos, sopesa que «llegada la hora de los mameyes, también va a resultar insuficiente» cualquier ayuda de China encaminada a cortar el paso de las protestas.

Como una dicotomía, así lo describe Díaz. «El Gobierno sabe que las nuevas tecnologías de la comunicación ─y dentro de estas, las redes sociales─ han estado en el centro de las protestas más recientes. Han sido las herramientas necesarias para que los cubanos se lancen a las calles. Y el régimen, si quiere sobrevivir, no puede permitir eso».

En 2018 el gobierno cubano aprobó el Decreto 349, que regula la «prestación de servicios artísticos», lo que fue rechazado de plano por una mayoría de artistas e intelectuales dentro y fuera de la isla, con el impulso desde la protesta de los integrantes del Movimiento San Isidro, liderado por el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

A la profesora Fusco, quien ha desarrollado diversos proyectos artísticos en Cuba y ha seguido de cerca proyectos independientes, no le tomó por sorpresa el anuncio de esta semana: «No me sorprende para nada que lo hayan hecho ahora», indica, y remite a las protestas del 11J y las del 27N, ocurridas el 27 de noviembre de 2020 y donde los artistas se plantaron frente al Ministerio de Cultura.

«Si siguen reprimiendo va a haber más descontento», evalúa.

El escritor cubano y profesor en New York University, Enrique Del Risco, dijo a la VOA que «la ley mordaza (Ley 88) estaba pensada en contra de los periodistas y disidentes. El 349 contra los artistas. El decreto 35 parte de la comprensión por parte del régimen que el enemigo puede ser cualquiera con un teléfono en la mano. Va enfilado ya no ya contra artículos u opiniones sino contra el mero acto de compartir información tomada directamente de la realidad», indica.

El decreto 35, considera Enrisco «convierte en delito de compartir cualquier material que en un determinado momento se considere desestabilizador. Es puro terrorismo de estado: la idea de hacer pensar a cualquiera dos veces antes de compartir material “sensible”».

Enrisco afirma que «este es un intento de hacer regresar a toda la población al Estado anterior de miedo generalizado. Espero que no lo consigan, pero de momento quieren asegurarse de que sean menos cubanos los que crucen la frontera del miedo».

Otro artículo de interés: Cuba continúa arrestando periodistas por protestas populares

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