Masivo rechazo en OEA a reelección de Ortega en Nicaragua

INTERNACIONAL

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Secretario general de OEA, Luis Almagro / Foto: OEA – OAS

Lectura: 6 minutos

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó por una mayoría contundente el resultado de las elecciones presidenciales realizadas en Nicaragua donde resultó reelecto el actual presidente Daniel Ortega.

La reunión del organismo multilateral tuvo como tema central el análisis de las elecciones en Nicaragua, debate que concluyó con una rotunda manifestación contraria a la continuidad de Ortega con una declaración que descalifica por «falta de legitimidad democrática» la reelección del actual presidente.

Con 25 votos a favor, uno en contra, siete abstenciones y una ausencia, las 34 delegaciones que participaron en la 51 Asamblea General aprobaron una resolución sobre «La situación en Nicaragua», que se sumó a las expresiones de condena de la comunidad internacional.

«Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática», señaló el pronunciamiento promovido por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay.

Estados Unidos y Canadá encabezaron la votación a favor, grupo al que se sumó Argentina, mientras que México se abstuvo junto a varios países caribeños, donde Nicaragua fue el único que votó en contra.

La resolución instruyó al Consejo Permanente de la OEA a realizar una «evaluación colectiva inmediata» de la situación siguiendo los lineamientos de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, con una fecha límite para dar a conocer el pronunciamiento «a más tardar el 30 de noviembre» para adopotar luego las «acciones apropiadas».

Luis Almagro, aseguró en una conferencia de prensa que la evaluación colectiva «es esencialmente el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana», que prevé que, «en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional», cualquier país miembro o el propio secretario general pueden solicitar «la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente».

La Carta Democrática contempla esa posibilidad en caso que se «constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas».

Almagro aclaró que no corresponde a la secretaría que dirige «prejuzgar cuál va a ser la decisión que va a tomar el Consejo Permanente en esa evaluación colectiva», aunque destacó que esta resolución demuestra la «voluntad» de la OEA de « trabajar con Nicaragua y de lograr una solución para el tema institucional» que aflige a ese país, señalando que «nuestra voluntad es acompañar los trabajos».

El delegado de Nicaragua, Michael Campbell, rechazó «de la manera más categórica el proyecto de resolución» que «se quiere imponer» en contra de su país, denunciando la presencia de «un impostor, que usurpa el lugar de Venezuela», en alusión a la delegación del líder opositor Juan Guaidó.

El domingo Ortega fue reelecto para un quinto mandato de cinco años, cuarto consecutivo, en comicios generales rechazados por un amplio abanico de la comunidad internacional.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, calificó de «pantomima» los comicios en Nicaragua, que dieron a Ortega un cuarto mandato consecutivo después que su gobierno encarcelara a varios de sus rivales y opositores.

Biden promulgó el miércoles la Ley Renacer, que recibió apoyo bipartidista en el Congreso y le permite ampliar las sanciones al gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La Casa Blanca tiene ahora una amplia gama de medidas posibles: desde nuevas sanciones financieras a funcionarios nicaragüenses, hasta castigos comerciales que hundirían aún más la economía del país centroamericano.

Sin embargo, distintos expertos advierten que cualquier decisión que tome Washington podría repercutir más allá de Nicaragua e incluso afectar indirectamente sus propios intereses.

«Para EE. UU. es un tema de la mayor sensibilidad, porque lo que se resuelva sobre Nicaragua va a tener implicaciones regionales», dice Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, a BBC Mundo.

Solís cree que la respuesta de EE. UU. a Nicaragua dependerá en buena medida de las resoluciones finales que adopte la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Explica que si los cancilleres regionales avanzaran hacia la suspensión de Nicaragua de la OEA, entendiendo que en el país hubo una ruptura del orden democrático, «eso favorecería la toma de decisiones de EE. UU.» aunque aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana requiere el voto afirmativo de dos tercios de los Estados miembros de la OEA, posibilidad virtualmente imposible.

El embajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields Yescas, afirmó el miércoles que la votación del domingo en su país fue «libre» y pidió evitar posicionamientos «intervencionistas».

Ortega, un exguerrillero de izquierda que participó de la revolución sandinista de 1979 y enfrentó la insurgencia de los «contras» impulsada por EE. UU., calificó a los opositores encarcelados de «hijos de perra de los imperialistas yanquis».

Desde mayo, en Nicaragua han sido detenidos 39 políticos, activistas, empresarios y periodistas, incluidos siete precandidatos rivales de Ortega, cuyo gobierno reprimió en 2018 protestas callejeras que acabaron con más de 300 muertos. Sin un acuerdo para suspender a Nicaragua de la OEA, Washington buscaría sanciones alternativas.

Biden anticipó que, en coordinación con otros países, «usará todas las herramientas diplomáticas y económicas» que dispone para hacer rendir cuentas al gobierno nicaragüense.

La nueva ley de EE. UU. connocida como Renacer, habilita distintos tipos de medidas hacia Nicaragua, busca restringir los préstamos de bancos multilaterales al gobierno de Ortega y solicita informes de EE. UU. sobre presunta corrupción, abusos de derechos humanos y actividades de Rusia en ese país.

También pide revisar la participación de Nicaragua en el tratado de libre comercio entre EE. UU., Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).

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