Nicaragua abandona Organización de Estados Americanos (OEA)

INTERNACIONAL

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Canciller de Nicaragua, Denis Moncada / Foto: OEA – OAS

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Nicaragua envió una comunicación a la Organización de los Estados Americanos (OEA) informando la decisión de retirarse del organismo hemisférico, dijo el canciller Denis Moncada a la prensa.

El ministro del gobierno de Daniel Ortega asegura que la OEA facilita la hegemonía de EE. UU. en América Latina y el Caribe, una acusación que tiene una larga historia en los regímenes radicalizados del continente sobre el papel del organismo regional.

«Estamos renunciando y desvinculándonos de la OEA», dijo en conferencia de prensa.

Denis Moncada, anunció que el país comienza el trámite para abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA) a la que catalogó de «instrumento injerencista».

«Estamos renunciando y desvinculándonos a la OEA, dando por terminado el vínculo del Estado nicaragüense de la OEA, nos estamos desligando de la OEA», dijo el canciller el viernes.

El anuncio sigue al pedido del Parlamento, controlado por el partido de Daniel Ortega, de retirarse del organismo interamericano que ha criticado el accionar del gobierno en materia de derechos políticos y humanos en Nicaragua.

Ortega asumió otro mandato, tras las votaciones del 7 de noviembre, catalogadas de «farsa» por numerosas entidades públicas y organismos de derechos humanos.

La mayoría de los opositores que aspiraban a competir con Ortega por la presidencia fueron previamente detenidos y acusados de delitos, motivados por razones políticas.

Un grupo de 15 organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciaron el jueves que Nicaragua vive un «estado de excepción y de terror» y pidieron a Naciones Unidas instalar una «misión de verificación» para evaluar la situación.

En una rueda de prensa virtual, representantes de esos organismos presentaron el denominado «Informe de la Verdad. Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad», que acusa al gobierno de Daniel Ortega y a sus agentes de haber cometido «crímenes de lesa humanidad» en los últimos tres años, desde el estallido de una revuelta social en 2018.

«Enfatizamos nuestro llamado a la cooperación de los Estados y los organismos internacionales (…) mediante la instalación de una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Nicaragua», señala el documento.

Jimena Reyes, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dijo que la represión estatal contra activistas y opositores en Nicaragua no han variado desde 2018 y que al menos 56 ONG han sido clausuradas por el gobierno sandinista desde entonces. «Apoyamos una misión de verificación de la ONU para examinar in situ la situación en Nicaragua», añadió.

«A pesar de nuestras múltiples denuncias e informes, la comunidad internacional sigue pasiva ante esta realidad (…) ante un régimen violento que ha impuesto un estado de terror, un estado criminal que violenta gravemente los derechos humanos», destacó por su parte Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Añadió que en mayo de 2018 supo de la muerte de 83 manifestantes a manos de policías y paramilitares, y que fue testigo presencial de dos ataques «desmedidos y brutales» de las fuerzas del gobierno contra civiles desarmados. «Y hoy la represión no ha cesado», aseguró.

Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, indicó que la violencia estatal contra opositores dejó 355 civiles y 23 policías muertos del 18 de abril de 2018 al 31 de julio de 2019. Hubo además, dijo, 150 estudiantes expulsados de universidades, 450 trabajadores de la salud despedidos y más de 103.000 exiliados por disentir del gobierno, según cifras actualizadas de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Añadió que más 160 «reos de conciencia» están detenidos hoy en Nicaragua, entre ellos, varios líderes políticos y siete opositores que intentaron disputarle el poder a Ortega, quien se reeligió el pasado 7 de noviembre en unos comicios rechazados por más de 40 países.

«En Nicaragua no hubo elecciones, todo fue una farsa», acotó a su turno la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), otra de las ONG autoras del «Informe de la Verdad».

El documento cita como «blancos de ataque» a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas y religiosos. La prensa independiente ha sufrido «amenazas, difamación, asedio, allanamientos y confiscación de bienes, además del encarcelamiento» de periodistas y comunicadores, de los cuales seis permanecen en prisión.

Otro artículo de interés: Masivo rechazo en OEA a reelección de Ortega en Nicaragua

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