Dictadura de Birmania modifica penas de cárcel a opositores

INTERNACIONAL

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Líder derrocada, Aung San Suu Kyi / Foto: Comune Parma

Lectura: 6 minutos

La reacción internacional contra los millitares que gobiernan el país después de derrocar al gobierno democrático de Kyi obligó a los golpistas a reducir la pena de cárcel a los opositores de cuatro a dos años, se informó en círculos oficiales.

El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, «perdonó a dos años» en lugar de cuatro a la líder derrocada Aung San Suu Kyi, y al expresidente Win Myint, sus condenas por incitación al desorden público contra el Ejército y por incumplir las normas sobre el coronavirus, dijo este lunes la televisión estatal.

Suu Kyi de 76 años, también Nobel de la Paz, se encuentra detenida desde que los militares depusieron su gobierno el 1 de febrero, poniendo fin a un breve período de democracia en Birmania.

El gobierno de Estados Unidos a través del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, exigió a través de un comunicado a la junta militar de Birmania, liberar a la exlíder Suu Kyi, y a devolver al país surasiático a «la senda democrática».

«El desprecio continuado del régimen (birmano) por el imperio de la ley y su uso generalizado de la violencia contra el pueblo subrayan la urgencia de restaurar la senda democrática en Birmania», apuntó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Suu Kyi llevó a la LND (Liga Nacional de la Democracia) a la victoria en las elecciones generales de 2015, la primera votación democrática en Birmania en 25 años.

Entre 1989 y 2012, pasó un total de 15 años bajo arresto domiciliario. Mientras estaba confinada en la residencia de la época colonial de su familia en Yangon, Suu Kyi se presentaba ante miles de personas reunidas al otro lado de la valla de su jardín.

Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1991 en reconocimiento a su lucha por la democracia.

La Junta de Birmania se enfrenta a protestas, huelgas y resistencia armada de las milicias desde el derrocamiento del gobierno de Suu Kyi. Según fuentes privadas más de 1.200 personas han muerto y más de 10.000 han sido detenidas en la represión de la disidencia.

El domingo, un vehículo del Ejército irrumpió en una marcha opositora y mató a tres personas, según testigos y un organizador de la marcha.

También el domingo, el jefe de la junta de Birmania, Min Aung Hlaing, se reunió con dos miembros de alto nivel de la LND. Otros miembros de la LND criticaron la reunión y afirmaron que la junta pretendía utilizarla en su beneficio político.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, denunció este lunes la sentencia de cuatro años de prisión que el régimen militar birmano impuso a Aung San Suu Kyi. Los golpistas responsabilizaron a la ex Consejera de Estado de incitar a la disidencia contra los militares y romper las reglas sanitarias contra el coronavirus.

Para Bachelet, que exigió la inmediata liberación de la política de 76 años, se trató de «un juicio amañado con un procedimiento secreto ante un tribunal controlado por militares» y motivado políticamente. La alta comisionada resaltó que esta decisión, además de privar de libertad a la Nobel de la Paz, «cierra una puerta al diálogo político» y «solo profundizará el rechazo al golpe», que tuvo lugar el 1 de febrero bajo el argumento de un supuesto fraude electoral.

Bachelet aseguró que los militares «intentan instrumentalizar las cortes para remover toda la oposición política». Contra Suu Kyi, señaló la alta comisionado, aún pesan cargos por corrupción y fraude electoral, y recordó que desde el golpe más de 10.000 opositores han sido detenidos, y al menos 175 han muerto en custodia, «la mayoría debido a falta de atención médica o tortura».

Amnistía Internacional, en tanto, aseguró que la junta militar lo que busca es «asfixiar las libertades» del pueblo birmano. «Las severas sentencias infligidas a Aung San Suu Kyi por estas falsas acusaciones son el último ejemplo hasta ahora de la determinación del ejército para eliminar y asfixiar las libertades en Birmania», afirmó la ONG en un comunicado.

Por su parte, el gobierno británico calificó la condena de «intento atroz de reprimir a la oposición y suprimir la libertad y la democracia». La ministra de Exteriores, Liz Truss, llamó al régimen a liberar «a los presos políticos, entablar un diálogo y permitir el retorno a la democracia». La Unión Europea también condenó la sentencia contra Suu Kyi, que para Bruselas estuvo «motivada políticamente».

«La Unión Europea reitera su urgente llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, así como de quienes han sido detenidos de forma arbitraria desde el golpe», dijo el encargado de Exteriores de la Unión, Josep Borrell.

Según informa el periódico oficial Global New Light of Myanmar, los 16 procesados están acusados de participar en «acciones ilegales con el objetivo de evitar elecciones libres y justas» en los comicios legislativos de noviembre de 2020, cuyos resultados han sido anulados por la junta militar.

El partido birmano liderado por Suu Kyi, la Liga Nacional de la Democracia venció con abrumadora mayoría en los comicios del 8 de noviembre de 2020 con el aval de los observadores internacionales, pero el estamento militar rechazó los resultados, lo que derivó en el golpe de Estado.

Esta acusación se suma a los cargos presentados contra Suu Kyi, de 76 años, como la importación ilegal de «walkie-talkies», vulnerar las normas de la pandemia, la ley de secretos oficiales, incitación y corrupción.

El cargo más grave es el de transgredir la ley de Secretos Oficiales, una norma de la época colonial castigada con hasta 14 años de prisión.

La información sobre los procesos judiciales contra Suu Kyi y otras importantes figuras políticas quedó silenciada a mediados de octubre cuando el letrado Khin Maung Zaw, quien representa a la exmandataria y también al expresidente Win Myint, indicó que la junta militar le prohíbe hablar con los medios, por lo que vive prácticamente incomunicada.

Otro artículo de interés: Dictadura de Birmania libera más de dos mil presos políticos

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