OCDE persigue a empresas multinacionales

INTERNACIONAL

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Secretario general de la OCDE, Mathias Cormann / Foto: COP26

Lectura: 3 minutos

Después de la Conferencia Europea de Cooperación, responsable de gestionar el voluminoso Plan Marshal destinado a reconstruir los países destruidos por la guerra, nace la OCDE para encarar la nueva etapa económica de la región.

Solo se admite países con economías de mercado, en una lista que encabezan desde Estados Unidos hasta Francia y Alemania. Los principios rectores siguen invariables.

Lograr la máxima expansión posible de la economía y del empleo y aumentar el nivel de vida en los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial; contribuir a una sana expansión económica de los países miembros y en los países no miembros en vías de desarrollo; finalmente apoyar la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales. Algo quedó atrás.

Ahora la OCDE publicó ─el lunes─ las normas detalladas para trasladar a las jurisdicciones locales el acuerdo internacional que permite aplicar un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades a las multinacionales. Perseguir al gran capital es un juego permanente de los líderes europeos especialmente a las empresas tecnológicas, salvo que sean chinas. ¿La explicación?, evitar la evasión fiscal.

Ese impuesto que tendrán que pagar las empresas con ingresos superiores a los 750 millones de euros que estén implantadas en más de un país debería generar una recaudación adicional de 150.000 millones de dólares en todo el mundo, recordó en un comunicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Este nuevo dispositivo, cuya aplicación efectiva depende ahora de la rapidez con la que cada país lo incorpore a su propia legislación, es resultado del acuerdo alcanzado en octubre por 137 jurisdicciones de todo el mundo tras un largo proceso de años para luchar contra la práctica de alojar una parte de los beneficios en lugares que ofrecen una fiscalidad muy baja o incluso nula.

Las normas publicadas ahora establecen un sistema coordinado para definir a qué empresas se les aplica el impuesto mínimo, algo que dependerá en última instancia de las modalidades que defina el país donde tengan su sede social. En consecuencia, por ahora no existe aún ninguna lista de sociedades, aunque se sabe que habrá miles.

Quedarán excluidos las entidades públicas, los organismos internacionales, las asociaciones con fines no lucrativos, pero también los fondos de pensiones y fondos de inversiones, incluidos los dedicados al sector inmobiliario.

Se establece un mecanismo para calcular el tipo impositivo que pagan de forma efectiva las multinacionales para cada país en el que tengan implantación y fijan la cantidad de impuesto complementario en caso de que no estén sometidas allí a un tipo mínimo del 15 %.

Esa diferencia corresponderá, con carácter general, al país de la multinacional, que de esa forma no tendrá el mismo interés que ahora en alojar de forma artificial una parte de sus beneficios en paraísos fiscales.

La existencia de los «paraísos fiscales» entienden algunos especialistas, es precisamente la necesidad de escapar de la voracidad fiscal de los gobiernos que exigen cada vez más impuestos para subvencionar gastos, que ahogan a la vida empresaria y repercuten en mayores costos paras la población.

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