Nuevo capítulo del robo de propiedades en Cuba

INTERNACIONAL

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La Habana, Cuba / Foto: Pedro Szekely

Lectura: 3 minutos

Un médico residente en Jacksonville, Florida, reclama una propiedad familiar robada por el régimen castrista en 1960 que ahora se ofrece por la empresa Airbnb y además el propio gobierno de EE. UU. la alquila para sus diplomáticos.

La historia, parecida a la que padecieron miles de cubanos que fueron expropiados por los cubanos revolucionarios de Fidel Castro, fue publicada por el diario Nuevo Herald de Miami.

Años después del exilio de la familia del médico, dos edificios de apartamentos de lujo en los exclusivos barrios de Miramar y Alturas de Miramar de La Habana, confiscados a la familia del demandante, terminaron como una lucrativa renta en Airbnb y como residencia para diplomáticos estadounidenses en La Habana.

García-Bengochea alega que tanto la empresa estadounidense como el Departamento de Estado de Estados Unidos le deben dinero.

«Al menos el Departamento de Estado pretende servir a nuestro cuerpo diplomático. Airbnb está promocionando cínicamente nuestra propiedad robada únicamente con fines de lucro y en violación de la ley de Estados Unidos», dijo.

El apartamento en alquiler en Airbnb, descrito por los huéspedes como «hermoso», «estupendo», «magnífico» y «elegante» en un centenar de críticas entusiastas, es uno de los seis en un edificio construido por la familia de García-Bengochea en 1939.

Está ubicado en una zona arbolada y tranquila en la Avenida 33 en Marianao. García-Bengochea heredó el reclamo de un tercio del lote de la propiedad y el edificio de uno de sus primos, Alberto Parreño.

Debido a que Alberto era ciudadano estadounidense en el momento de la confiscación, su reclamo fue reconocido por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia, que valoró su pérdida en $66,666 en dólares de los años sesenta.

García-Bengochea detalló su reclamo en una carta enviada a Airbnb en agosto de 2019 en la que citó una sección de la Ley Helms-Burton de 1996 que prohíbe a las empresas participar «en una actividad comercial utilizando o beneficiándose de la propiedad confiscada … o de las ganancias del tráfico por parte de otra persona».

La empresa nunca le respondió, dijo. Al momento de publicación de esta nota señala el periódico, se puede seguir reservando el apartamento en Airbnb por $107 la noche. Según los comentarios de los huéspedes, el apartamento se ha anunciado en Airbnb al menos desde febrero de 2017. El neurocirujano dijo que Airbnb también ha promocionado en su plataforma otros apartamentos en el mismo edificio a lo largo de los años.

Airbnb dijo en un comunicado que la compañía «se toma muy en serio acusaciones como estas y lleva a cabo una investigación exhaustiva cuando se nos informa de cualquier reclamo. Si determinamos que una lista infringe nuestras políticas, tomaremos medidas, que pueden incluir eliminar la lista y el anfitrión de nuestra plataforma».

En 1996, el Congreso aprobó la Ley Helms-Burton. La ley permite a los dueños de esas propiedades, incluidos los ciudadanos cubanos naturalizados, demandar a las empresas de cualquier país ─incluido Estados Unidos─ que se beneficien («trafican») de ellas. Pero los sucesivos presidentes suspendieron una disposición clave, el Título III, que permite que las demandas tramiten en los tribunales, por temor a conflictos diplomáticos generados por el alcance extraterritorial de la ley.

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