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Las autoridades cubanas condenaron el lunes por sedición a 20 manifestantes que participaron de las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado, entre ellos cinco menores de edad, a penas que van de cinco a veinte años de cárcel, informaron activistas en las redes sociales.

Este fallo del Tribunal Provincial de Holguín (oriente) es, según explicó a la agencia EFE la activista de Justicia 11J Salomé García Bacallao, la primera sentencia conjunta por el delito de sedición que se dicta en el país a raíz de las manifestaciones del pasado julio.

Los 15 condenados mayores de edad, en su mayoría varones de entre 18 y 59 años, han recibido penas de cárcel por debajo de la petición de la fiscalía. Ningún encausado ha sido declarado no culpable.

Hay dos condenados a 20 años de prisión, tres a 18 años, dos a 17, uno a 15, dos a 14, dos a 12 y dos a siete. Además, un joven de 18 años fue sentenciado a 5 años de «trabajo correccional sin internamiento».

Los cinco menores (cuatro de 17 años y uno de 16), para quienes la fiscalía solicitaba entre 15 y 18 años de cárcel, fueron sentenciados a «cinco años de limitación de libertad».

La edad penal mínima en Cuba son los 16, pero las personas de 16 y 17 años pueden recibir una reducción de hasta la mitad del tiempo de condena.

En la sentencia no aparece Yasmani Crespo, que estaba incluido en el expediente y no se presentó al juicio, según García. Se especula con la posibilidad de que haya abandonado el país.

Algunos activistas denunciaron que varios de los condenados fueron llevados directamente a prisión tras la lectura del fallo, pese a que la sentencia fijaba que podían quedar en libertad bajo fianza hasta el momento de la apelación.

Cuba no difundió públicamente estas sentencias y los medios oficiales no informaron sobre el fallo.

Se trata de la tercera semana consecutiva en la que tienen lugar en Cuba procesos penales por estos hechos. En total ─desde las protestas del 2021─ se han juzgado al menos 407 personas, de acuerdo con el recuento de los colectivos Justicia 11J y Cubalex.

En la semana del 28 de enero se llevaron a cabo cuatro juicios, en las provincias occidentales de La Habana, Mayabeque y Matanzas, por presuntos delitos que van desde los desórdenes públicos, el sabotaje y el atentado, al desacato, el ultraje sexual y la sedición.

El proceso más numeroso ocurrió el 26 de enero en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre de La Habana, donde se juzga por sedición a 21 personas, para las que la Fiscalía solicita entre 19 y 26 años de prisión.

Este lunes también comienza el juicio en el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos, Matanzas, en el que están encausadas nueve personas con peticiones de privación de libertad de entre 7 y 16 años. Los dos procesos de la provincia de Mayabeque se celebrarán en Quivicán (2 procesados, a 8 y 10 años de cárcel) y en San José de las Lajas (8 encausados, entre ellos un joven de 17 años, con peticiones de entre 5 y 12 años).

Justicia 11J exige que Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unión Europea puedan inspeccionar las cárceles de Cuba, y que estos organismos y la prensa internacional acreditada puedan acceder a los juicios. Varias ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados en estos procesos por los sucesos del 11 de julio.

Las autoridades judiciales cubanas aseguran que se cumplen estrictamente los instrumentos internacionales, niegan que se trate de procesos políticos y subrayan que juzgan delitos violentos y actos de vandalismo.

Estos cuatro juicios comienzan en el sexto día de la huelga de hambre y sed del artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, en prisión preventiva desde que fue detenido el pasado julio por las protestas antigubernamentales. En huelga de hambre se encuentran además otras cuatro personas detenidas por los hechos del 11 de julio y juzgadas en Santa Clara.

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