La lucha por los subsidios al transporte (II), escribe Calabrese

OPINIÓN

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Foto: Barcex

Por Antonio Calabrese, abogado constitucionalista, historiador, político. Columnista de LaCity.com.ar.

Lectura: 5 minutos

2.-La Coparticipación (I)
Es la distribución de los ingresos percibidos por la Nación, entre los 24 distritos que conforman hoy el país, según lo que había prescripto la ley 23.548, última dictada sobre la materia, componiéndose de acuerdo al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que preside el economista Nadin Argañaraz, por la recaudación de 165 impuestos a los que habría que agregarle los de reciente creación.

No todos son coparticipables, los coparticipables no lo son en los mismos porcentajes, hay otros con distribuciones específicas y para colmo, la ley tuvo más de 163 modificaciones desde su sanción en 1988.

Se convirtió en un verdadero laberinto de dificultosa comprensión, a tal punto que desde la última reforma constitucional en 1994 no pudo ordenarse ni dictarse una norma superadora no obstante el mandato de la Carta Magna.

Los intereses en juego de cada distrito, de cada provincia en particular y de sus excesivos déficits, junto a los de la Nación, requieren de una nueva ley convenio que es imposible dictar al no lograrse consenso sobre una forma distinta, que sea más satisfactoria, de redistribución del ingreso.

Debe tenerse en cuenta que no obstante ello, la ley 23.548 fue promulgada cuando CABA no era autónoma, 6 años antes de serlo y por ende se encontraba bajo jurisdicción de la Nación; que debe deducirse de los recursos, previamente, el aporte del 25% para el ANSES, cuya mayoría de beneficiarios se encuentran en el AMBA que por ello parece, en principio, más favorecida; que es difícil determinar el origen de los recursos tributados por CABA dado que la misma se efectúa en base al domicilio fiscal de las personas jurídicas o físicas que están allí radicadas, aunque sus actividades se realicen en otras zonas del país; que finalmente por ello, se adjudicó a CABA un porcentaje mucho menor al que le correspondía, lo que al transformase en el 24 distrito con autonomía en 1994 quedó desfasado.

Se ha determinado en distintos estudios que con relación al aporte efectuado, la cuota de coparticipación acordada a CABA la ubica en el puesto 19 entre los 24 distritos, aunque en la relación per cápita es la que menos recibe (2,611) mientras que la que más percibe es Tierra del Fuego (33,640).

Algunos autores sostienen que la Nación recauda el 80% y ejecuta el 60%; las provincias recaudan el 15% y ejecutan el 24% y los municipios recaudan el 4% y gastan el 6%.

3.-La coparticipación (II)
La ley anterior 20.221 establecía una distribución primaria del 48,5% para cada nivel, (nación – provincias) y un 3% para la creación de un fondo de desarrollo regional, mientras que el mecanismo de distribución secundario fue acordado en el 65% de acuerdo a la población, el 25% en proporción per cápita a la brecha de desarrollo entre cada provincia y el área más desarrollada del país y el 10% restante a las provincias que tuvieran un densidad demográfica inferior al promedio de las otras.

En 1980, al deducirse previamente los aportes correspondientes al sistema previsional por ley 22.293, se modificó el sistema de distribución primaria y secundaria pues las mismas quedaron sobre el remanente y no sobre el total de los ingresos, incorporándose el sistema de seguridad social en la consideración del tema para mayor complejidad.

Con la ley 23.548, 8 años después, ello se mantuvo modificándose el sistema de distribución secundaria por distrito y se establecieron coeficientes concertados.

Antes de dictarse esta última norma, en un período de tres años de vacío legal al vencimiento de la ley anterior, se negociaron los porcentajes correspondientes a cada distrito siguiéndose criterios poco objetivos, llamados «mágicos» con cierta ironía, para privilegiar el sentido de bienestar social y de solidaridad, pero que dejarían de ser fijos dependiendo de las variables que adoptara cada jurisdicción a través del tiempo.

CABA aún dependiente del gobierno federal quedó con un ínfimo porcentaje propio (1,4 %) y la Provincia de Buenos Aires con otro menor a lo que generaba, por las mismas razones originadas en los cuestionamientos de los restantes 22 distritos a los subsidios por servicios otorgados en el AMBA.

Como complemento debe agregarse un desquiciado esquema fiscal, que según la Fundación del Tucumán (2020) recordada por Martín Loustau (en su obra «Hacia un Federalismo Solidario») hace que los tres niveles de gobierno: nación, provincias, municipios, abreven en las mismas fuentes tributarias desordenadamente, mencionando como paradigmático el caso de los cordobeses que deben pagar tres veces un impuesto sobre los automotores ya que si bien la patente se trata de un tributo municipal, la provincia incorporó un impuesto de emergencia y la nación el correspondiente al incentivo docente.

Otro artículo escrito por Antonio Calabrese: La lucha por los subsidios al transporte (I)

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