Europa exige libertad de presos políticos en Cuba

INTERNACIONAL

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Foto: rawpixel.com

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La Unión Europea «instó» el miércoles a Cuba a liberar a «todos los presos políticos» y respetar los derechos de sus ciudadanos, mientras mostró «gran preocupación» por las altas sentencias judiciales dictadas contra manifestantes de las históricas protestas del 11 y 12 de julio.

«La Unión Europea insta a las autoridades cubanas a poner en libertad a todos los prisioneros políticos y personas detenidas por ejercer sus libertades de reunión y expresión», dijo en una declaración el Alto Representante de la UE, Josep Borrell.

El bloque «está siguiendo con gran preocupación» las sentencias de hasta de 30 años de cárcel dictadas en Cuba a participantes de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, cuando más de 1.400 personas fueron detenidas y 790 imputadas, indicó la declaración.

En la ocasión miles de personas se lanzaron a las calles en más de 50 ciudades cubanas, bajo el grito de «Libertad» y «Tenemos hambre». Decenas fueron acusadas por delitos de «sedición», de «hechos vandálicos» y «graves alteraciones del orden público».

La UE consideró «desproporcionadas» las sentencias dictadas por los tribunales de la isla y subrayó que «estos juicios suscitan preocupaciones importantes en relación a los principios básicos y estándares internacionales de transparencia y debido proceso».

Se sumó al reclamo Amnistiá Internacional.

En su sitio de internet, Amnistia Internacional (AI) informó que también solicitó al Gobierno cubano que deje ingresar a otros observadores de derechos humanos para dar seguimiento a los juicios. La organización, con sede en Londres, calificó los procedimientos judiciales como «injustos» y «opacos».

«Las autoridades cubanas han continuado su campaña de criminalización con el único fin de restablecer la cultura del miedo», criticó en el documento Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas.

Desde diciembre, se han sucedido en Cuba los juicios a manifestantes del 11 de julio, con centenares de acusados. Varias ONG ─así como lo hace ahora AI─ han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas.

Según las ONG Justicia 11J y Cubalex, un total de 1.442 personas han sido detenidas en relación a las protestas. De ellas, al menos 756 continúan en centros de reclusión.

Por otro lado, Prisoners Defenders señala que al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión en la isla por motivos políticos, en su mayoría por los hechos del 11J.

La Fiscalía General de Cuba aseguró que se han procesado por las protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años.

El pasado 16 de marzo se dio a conocer una sentencia en la que se condenó a 127 personas a un total de 1.916 años de cárcel por hechos relacionados con las protestas en Esquina de Toyo y La Güinera, dos zonas humildes de La Habana.

Los enjuiciados, investigados principalmente por sedición y hurto, estaban acusados de «graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana», según el Tribunal Supremo. Según AI, este tipo de acusaciones sirven para «acallar la disidencia».

La ONG recordó asimismo que Cuba es el único país del continente americano que prohibe la entrada del organismo humanitario.

El Tribunal Supremo de la República informó en una nota de prensa el 1 de marzo del fallo del Tribunal Provincial Popular de La Habana por el juicio, celebrado entre el 14 de diciembre y el 3 de febrero de 2022, por los hechos en los municipios capitalinos de Diez de Octubre y Arroyo Naranjo.

En total se juzgaba a 129 personas, de los que uno fue absuelto y otro recibió una pena de 4 años «de privación de libertad, subsidiado por igual término de trabajo correccional sin internamiento». Los enjuiciados estaban «acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana», según el Tribunal Supremo.

En total se juzgaba a 129 personas, de los que uno fue absuelto y otro recibió una pena de 4 años «de privación de libertad, subsidiado por igual término de trabajo correccional sin internamiento», según el sitio web oficial Cubadebate.

El Tribunal Supremo destaca que los jueces «tuvieron en cuenta el grado de participación, las condiciones personales de los implicados, así como la gravedad, lesividad y violencia de los actos cometidos».

También destacó «la situación excepcional que vivía el país producto de la pandemia» de la covid-19, en particular en La Habana, donde «se habían tomado medidas excepcionales para contrarrestar sus efectos, que incluían, entre otras, la limitación de movimiento y el aislamiento social».

El tribunal dispuso asimismo que los condenados están obligados a «indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades».

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