Mujeres enfrentan al sindicato Camioneros

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Hugo Moyano, líder del sindicato Camioneros / Foto: Santiago Trusso

Lectura: 2 minutos

El poderoso sindicato Camioneros de Argentina tropezó con tres mujeres que decidieron enfrentar la práctica habitual de la extorsión a las empresas, bloqueando los accesos, en la industrial ciudad de San Nicolás.

La abogada Florencia Arietto, la fiscal de San Nicolás que llevó adelante la investigación María del Valle Viviani y la jueza nicoleña, María Eugenia Maiztegui, que encontró sólidas las evidencias reunidas y estampó su firma en las órdenes de captura a dos dirigentes, se animaron a enfrentar una práctica permanente del sindicato camioneros de extorsión a las empresas.

La tarea conjunta de las mujeres llevó a la carcel a Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y concejal del oficialista Frente de Todos, y Fernando Espíndola, dirigente del mismo gremio.

Ambos enfrentan cargos gravísimos por «turbación de la posesión de la propiedad, y bloqueos que obstruyen el ejercicio del derecho a la propiedad, extorsión y coacción».

La respuesta del gremio Camionero ante las detenciones fue bloquear la ciudad de San Nicolás, donde no se recogen los residuos y no entra ni sale un camión de alimentos. «Tomaron de rehén a la ciudad», dice el opositor intendente Manuel Passaglia.

El jefe histórico del sindicato Hugo Moyano, de 75 años, de reconocida influencia política en el país, con una relacion privilegiada con el presidente Alberto Fernández, se movilizó a San Nicolás para respaldar la protesta.

El Sindicato de Camioneros mantiene bloqueado el ingreso de camiones a la ciudad de San Nicolás, como una fuerte presión, tras la detención del secretario general de la seccional local, Maximiliano Cabaleyro, y del dirigente Fernando Espíndola, ordenada por la Justicia. Ambos están acusados de extorsión.

En un clima de máxima tensión, la medida de fuerza impide el cumplimiento del servicio de recolección de residuos y de limpieza en San Nicolás, lo que afecta a 160.000 vecinos y aumenta la posibilidad de consecuencias más extremas, como el desabastecimiento y riesgo sanitario.

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