ARGENTINA

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Llegaron desde el interior del país con las vestimentas típicas de los productores agropecuarios, en camionetas y tractores viejos. Los productores agropecuarios protestaron en la capital argentina por el permanente hostigamiento que soportan del gobierno ─medidas fiscales, impositivas, burocráticas─ acompañados por líderes de la coalición opositora Juntos por el Cambio, de orientación moderada.

Los sectores más radicalizados del gobierno de tendencia socialdemócrata el presidente Alberto Ferrnández, que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo, diputado en el Parlamento nacional, mantienen la hipótesis de forzar a la producción primaria a pagar más impuestos o aumentar las retenciones, un tributo insólito que deben abonar los exportadores.

Este año la producción agropecuaria con la actividad de la minería aportarán en términos de comercio exterior alrededor de 100 mil millones de dólares, según cálculos privados, que a su vez permitirán ingresar a las arcas fiscales el 35 % en concepto impositivo. Además del impuesto los ingresos se liquidan por el Banco Central (emisor) al dólar oficial de 100 pesos por unidad, al que solo tienen acceso algunos sectores privilegiados como el de la importación de insumos médicos-farmacéuticos.

El productor-exportador recibe un 35 % menos por cada dólar, pero los insumos importados para producir, especialmente fertilizantes y plaguicidas, los paga al dólar del comercio exterior que cuesta el doble, alrededor de 205 pesos por unidad.

Argentina es uno de los principales productores y exportadores de aceite y harina de soja, con un volumen que el 2022 va a superar los 120 millones de toneladas de granos sumando trigo y maíz.

El Fondo Monetario Internacional modificó la previsión de crecimiento del país a un 4 % de aumento para este año, mientras la economía en su conjunto sigue envuelta en problemas gravísimos que el gobierno no acierta a solucionar. La pobreza global castiga a la mitad de la población, la inflación puede alcanzar un 70 % este año, y salarios carcomidos por el alza diaria de los precios internos.

Los manifestantes en tractores y camionetas llegaron el sábado a Buenos Aires desde el interior del país en un contexto de subida de los precios de los combustibles y los fertilizantes mientras el clima social se enrarece. Miles de ciudadanos se unieron a la protesta mientras las caravanas circulaban hacia el centro de la ciudad para finalizar en la Plaza de Mayo frente a la casa de Gobierno donde leyeron una proclama.

«No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima (…) No estamos dispuestos a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan», dijeron.

«Lamentablemente no podemos aprovechar los precios internacionales para seguir sosteniendo al país», se quejó Dario Magi, de 56 años y propietario de un tambo de gallinas y cerdos, quien advirtió de la presión fiscal que soporta el sector agropecuario y pidió una rebaja impositiva.

Según un estudio de FADA, una fundación del propio sector, el 64,9% de los ingresos de los productores agropecuarios va destinado a impuestos, la mayor parte por derechos de exportación, conocidos popularmente como retenciones.

«Las retenciones son nuestra producción y él (el presidente Alberto Fernández) la malgasta. No tenemos beneficios con lo que nos está robando, porque las retenciones son nuestra ganancia, que nos deje producir», dijo Magi.

El gobierno prepara un nuevo impuesto, en este caso a las rentas «inesperadas» según las califica el oficialismo, destinado a las empresas que tengan un beneficio de más de 1.000 millones de pesos (alrededor de 8,5 millones de dólares) y cuya ganancia haya «aumentado de forma significativa», dijo el ministro de Economía Martín Guzmán.

Guzmán, con el apoyo del gobierno, encontró que la pandemia aumento considerablemente los precios de las commodities, materias primas que el país produce en calidad y cantidad, que ha provocado para el sector del campo rentas «inesperadas» que ahora busca gravar.

Expertos privados explican que la insaciable voracidad fiscal del gobierno está vinculada a los 22 millones de cheques mensuales que debe pagar en concepto de asistencia social, desde desocupados hasta el plan de pensiones, en un país de 45 millones de habitantes. El gasto está dirigido especialmente a la población más castigada en términos económicos, que el gobierno considera es su principal base electoral.

«Si hay algún reclamo que tenga que ser atendido, lo vamos a atender y lo vamos a escuchar», dijo el ministro de Agricultura Julián Domínguez, que curiosamente no se encontraba en el país en el momento de la protesta.

El jefe de bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez dijo que la protesta «es una actividad netamente política de los sectores más cercanos a (la oposición) Juntos por el Cambio. Tienen todo el derecho de expresarse en una democracia, pero hay que tener claramente caracterizado cuál es el objetivo», apuntó Martínez.

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