ARGENTINA

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obre finales de mayo de este año el Gobierno del izquierdista chileno Gabriel Boric decidió decretar un «estado de excepción acotado» en las regiones de la Araucanía y el Biobío ante la incesante violencia de grupos mapuches radicalizados.

Fue un giro en la política de Gabriel Boric, reacio a la militarización y crítico de su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, por este motivo.

Esta medida está enmarcada en el «plan Buen Vivir», un paquete de medidas para la Macrozona Sur, escenario de los estallidos de violencia por parte de un grupo mapuche sin ninguna razón visible.

Aparte de las medidas de seguridad, el plan contempla dos grandes ejes. El primero es el reconocimiento de los pueblos originarios a través de la restitución de tierras y la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas para «robustecer la institucionalidad que se ocupa de las temáticas indígenas y propiciar la eficiencia de los organismos vinculados a esta materia», según indica el documento.

Como segunda línea de acción, el Gobierno se propone destinar 400 mil millones de pesos (unos 44 millones de dólares) de inversión pública a la región e implementar diálogos a través de Parlamentos territoriales que «reconozcan a las autoridades propias indígenas y a los actores del territorio».

El plan fue recibido por políticos, expertos y civiles con reacciones mixtas. Para Salvador Millaleo, abogado mapuche y exasesor del Gobierno de Boric en asuntos indígenas, la pregunta es si estos diálogos, que el plan Buen Vivir califica como «centrales», se están llevando a cabo.

A pesar de que se esperaba comenzarlos en julio de este año, según Millaleo «hasta ahora no se han visto en la práctica». Más allá de esto, Millaleo critica la «falta de una agenda de despliegue y desarrollo» de las medidas contempladas en el plan.

También para Fernando Pairican, historiador en la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, no queda muy claro cuáles «van a ser los mecanismos para llegar al Buen Vivir». Añade que, aunque es «un plan más avanzado que el de los anteriores Gobiernos, en cierto modo sigue manteniendo una noción de política de carácter de afirmación identitaria y sigue reproduciendo los mismos errores».

El historiador critica que el plan ocupe el concepto del Buen Vivir, un concepto indígena, pero que «no transforme las relaciones de poder». Aunque, «en Chile cualquier transformación es un avance», admite.

Argentina comparte con Chile la cuestión mapuche. Según el antropólogo Sebastián Valverde, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, hay un emparentamiento de la situación con la de Chile en cuanto al proceso de criminalización y estigmatización del pueblo mapuche y a la división de la sociedad que está causando, pero la respuesta política sigue siendo muy diferente.

Los destrozos violentos de los mapuches que se pueden visulalizar en la televisión y fotografías en la prensa, ponen en serias dudas las palabra de Valverde, reproducias por la DW.

«La Constituyente es un gran avance en Chile, por supuesto, y Argentina está muy atrás de un desarrollo similar», afirma Valverde en entrevista con DW.

Aunque no hay una cooperación oficial entre los Estados respecto al tema, para el experto no cabe duda de «que sí se han compartido informaciones».

El estudio «Coordinación represiva contra el pueblo mapuche», publicado en octubre del año pasado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo de la izquierda radical con sede en Buenos Aires, da cuenta que hubo una articulación entre los países vecinos en cuanto a «la inteligencia ilegal, la militarización y la estigmatización para impedir el ejercicio de los derechos indígenas».

Según el documento, la experiencia chilena «no sólo una fuente de inspiración sino un verdadero modelo, que intentaron aplicar desde 2016» para la difusión del concepto del «mapuche violento» en Argentina.

Los pobladores argentinos de la Patagonia que soportan todos los dias acosos violentos no opinan lo mismo, sin que el gobierno nacional y provincial intentes colaborar para detener los ataques de los mapuches.

Mientras los expertos chilenos ven en el plan Buen Vivir y el proceso constituyente una oportunidad de resolución de la cuestión mapuche, el argentino Sebastián Valverde pinta un panorama más oscuro y teme que la actual crisis económica de su país pueda agravar la situación y recrudecer la violencia en Argentina.

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