ARGENTINA

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Inestabilidad política, caos en las cuentas públicas, déficit fiscal eterno, proteccionismo económico y amistades con los enemigos de Estados Unidos, un panorama que asombra y provoca aumentos de precios y caída de la moneda.

Los precios al consumidor subieron 71% en julio con respecto a un año antes, según el promedio de los economistas encuestados por Bloomberg, que correspondería a la inflación más rápida del país desde 1992.

Ese año comenzó una reducción drástica de la carrera inflacionaria cuando el gobierno del presidente Menem decidió atar la moneda local al dólar (un peso un dólar) y abrió la economía.

Los efectos fueron inmediatos, se podía comercializar utilizando indistintamente la moneda local o la de Estados Unidos, generando una gran confianza en la población y en los inversores, en un círculo virtuoso que duró hasta 2002.

En la comparación mensual, los economistas esperan, en promedio, que los precios se hayan acelerado un 7,3% en comparación con junio, la peor tasa en dos décadas.

Los altos niveles de inflación de Argentina se vieron intensificados en julio cuando el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, renunció abruptamente, lo que hizo estallar una crisis política que se venía gestando desde hace mucho tiempo dentro de la coalición gobernante del país.

El presidente Alberto Fernández reemplazó a Guzmán con la poco conocida contadora Silvina Batakis, quien duró solo tres semanas en el cargo antes de que Fernández recurriera a Sergio Massa ─un experimentado operador político y uno de los líderes de la coalición neoperonista─ para que liderara la cartera.

Toda esta agitación política agregó volatilidad a un panorama ya inestable. El peso del mercado informal argentino, conocido localmente como «dólar blue», perdió alrededor del 15% de su valor en el mes y el comercio local subió los precios un 20% de un día para otro.

Para mostrar una postura más dura frente a la inflación, Massa se comprometió a dejar de imprimir más dinero para financiar el gasto público ─un factor clave que impulsa la inflación─ durante el resto del año. Sin embargo, otras políticas, como la eliminación de subsidios a las facturas de los servicios públicos para mejorar la balanza fiscal, mantendrán altos los aumentos de precios en el corto plazo.

Si bien no hay un anuncio formal previsto, se espera que el Banco Central de Argentina incremente su tasa de interés luego de la publicación de los datos de inflación. Hace dos semanas, el directorio del banco, que se reúne todos los jueves, anunció una enorme alza de 800 puntos básicos, elevando su tasa de referencia Leliq a 60%.

Los economistas estiman que la inflación anual en Argentina terminará este año en 90%, según la encuesta más reciente del Banco Central.

El nuevo ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, enfrenta su primera gran prueba de confianza del mercado en su gestión cuando el Gobierno realice un canje de deuda el martes.

El ministerio ofrecerá a los inversionistas la posibilidad de canjear títulos vinculados a la inflación y otros valores por nuevos bonos «duales» con vencimiento en 2023. Los nuevos títulos pagan a los inversionistas la mayor de dos tasas al momento del vencimiento: ya sea una tasa vinculada a la inflación o una tasa vinculada al dólar.

Aislado de los mercados internacionales de capital, el Gobierno del presidente Alberto Fernández ha dependido de la impresión de dinero para cubrir su déficit fiscal crónico.

La semana pasada, el Banco Central también elevó su tasa de referencia en 800 puntos básicos al 60% y planea subir las tasas nuevamente el 11 de agosto en un intento por reducir el exceso de dinero en la economía.

El canje ayudará a reducir los grandes vencimientos de deuda local de Argentina que expiran en los próximos meses. El Gobierno tiene alrededor de 575.000 millones de pesos (US$4.300 millones) en deuda local con vencimiento en agosto y más de 1 billón de pesos con vencimiento en septiembre, según la consultora local Alchemy Valores.

El monto total de títulos elegibles para el canje asciende a 2,4 billones de pesos, según Juan Manuel Pazos, economista jefe de TPCG Valores en Buenos Aires. Alrededor del 60% está en manos de instituciones públicas, como el sistema de pensiones, mientras que bancos y fondos mutuos tienen entre un 20% y un 25%, dijo Pazos.

El economista piensa que el Gobierno debería poder canjear al menos el 80% de la deuda en oferta. La semana pasada, Massa dijo que el Gobierno ya había recibido compromisos del 60% de los tenedores para participar en el canje.

«Existe una posibilidad razonable de que los bancos y las compañías de seguros participen activamente en este canje porque el Gobierno ofreció un gancho de cobertura de divisas inherente», escribieron analistas de PPI dirigidos por Joaquín Bagües. «Si estos actores se unen a la probable participación de los grandes tenedores del sector privado, la nueva financiación neta podría sorprender al alza».

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