El delito imposible, análisis político de Antonio Calabrese

OPINIÓN

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Foto: Gun with flag by Vectorportal.com

Por Antonio Calabrese*, abogado constitucionalista, historiador, político. Columnista de LaCity.com.ar.

Con motivo de una bizarra confabulación…

Lectura: 8 minutos

A juzgar por lo que se conoce del episodio, es difícil calificar su mérito para que se paralice el país dando lugar a un feriado nacional al día siguiente (que no lo hubo en los gravísimos atentados terroristas a la Embajada de Israel ni a la AMIA, tampoco en Cromañón ni por el accidente de la terminal ferroviaria de Once, que se llevaron decenas de muertos inocentes argentinos, ni mucho menos después por el asesinato del Fiscal Nisman de enorme gravedad institucional).

Paralelamente se efectuó una convocatoria inmediata y conjunta a múltiples manifestaciones motorizadas políticamente en todas las capitales del país, incluida una misa partidaria de repudio en Luján que el propio prelado celebrante se encargó con posterioridad de anunciar que fue un error oficiarla, hechos que junto a una cadena nacional de radio y televisión presidencial para repudiar y acusar de odio generalizando en quienes no piensan igual que él, pretendió ser un punto de partida para una épica peregrinación a la victoria tras el heroísmo del martirio frustrado de la máxima expresión política del sector.

En esas condiciones, el intento de «magnicidio» de una banda de fabricantes y vendedores ambulantes de copos de azúcar, integrada no se sabe bien si por tenebrosos malvivientes o solo por marginales envueltos en la pobreza, va perdiendo credibilidad día a día según cualquier encuesta que se realice, deteriorando la imagen decadente de un gobierno inmerecido.

Fernando Sabag Montiel, autor material, supuesto ejecutor de las ordenes de un oculto e importante cerebro desconocido, empleó una acción o un elemento en ella, absolutamente inidóneo, tal como lo ejecutó, para producir no ya daño, sino peligro al objetivo.

Gabriel Carrizo, aparentemente acusado de ser ese organizador, con inusitada e increíble ingenuidad, es citado como testigo y entrega en forma voluntaria su teléfono con chats y mensajes a sus íntimos, entre ellos su hermana, sin haberlos borrado con anterioridad, que lo comprometen como gestor de una grave conspiración, a partir de algunas bravuconadas escritas después del hecho que más que héroe nacional, como pretende, lo señalan como un bravucón desequilibrado.

Habría dicho, entre otras cosas, que el arma supuestamente adquirida para el operativo no es la utilizada por el autor del atentado, sino otra distinta y que este era solo un individuo de escasos entendimiento (por supuesto, utilizando otra adjetivación similar) dejando en claro que el ataque estaba planificado para la próxima semana.

Dado el hecho, y volviendo a él, existían dos opciones para el portador de la pistola que arrimó a la cabeza de la vicepresidente: a) si sabía manejar el arma, tenía plena conciencia que si no la amartillaba no saldría disparo alguno; b) si no sabía manejarla, en la forma que gatilló tampoco saldría disparo alguno y podría haber seguido gatillando todo el día con idéntico resultado negativo.

Es decir jamás quiso o jamás podría herir o matar a nadie de esa forma aun queriéndolo.

Por lo tanto la acción fue absolutamente inidónea para producir daño alguno a la víctima elegida, no obstante sirvió para una operación política nacional desesperada clamando credibilidad y lástima.

El Código Penal prevé la acción en el artículo 44 y la llama «DELITO IMPOSIBLE» que otros dogmáticamente prefieren llamar «TENTATIVA INIDÓNEA».

Esto llega a estar eximido de pena según la peligrosidad del autor.

Es decir ni siquiera habría delito o acción punible.

Esa peligrosidad eximitoria de responsabilidad es considerada de diversas maneras, pero las más repetidas son, para algunos: a) que la peligrosidad se reduce o elimina según sean los resultados, pues habría «ineficacia causal» (se gatilló un arma siendo imposible que salga bala o disparo alguno); y para otros: b) también ocurre la eximente cuando los medios son inidóneos para producir el resultado (porque sin ser amartillada la pistola no puede ser usada como tal o sea que pierde su carácter de arma de fuego para el hecho).

Por lo tanto, cuando la acción en sí carece de idoneidad no hay peligro, no es punible, tal como si se fuera a incendiar una casa con un lanzallamas que no funciona o que no se lo sabe hacer funcionar. Seguramente no producirá ningún daño, más allá del estrépito social, por eso Von Beling sostiene que el actuar inidóneo resulta impune.

Sebastián Soler, hablará de «carencia de adecuación» mientras que Ricardo Nuñez, que son los grandes maestros del derecho penal argentino, dirán que la imposibilidad del delito solo puede provenir del comportamiento.

Agregamos nosotros, comportamiento como el del imputado que jamás ejecutaría el tiro mortal.

No se trata de errar al blanco o arrepentirse, se trata de que no podía dañar al objetivo en esas condiciones, no tenía condiciones o habilidades mínimas para hacerlo.

Recordemos que para que exista delito, para que un hecho sea punible el autor debe cumplir estrictamente con la conducta descripta en la ley en el tipo penal a partir del principio fundante del derecho sancionatorio o represivo que sostiene que todo lo que no está prohibido está permitido, buscando siempre con ello el beneficio de las personas cuya libertad no puede estar sometida a la arbitrariedad de interpretaciones voluntaristas de nadie.

Más allá de esto debe agregarse lo que todos vimos hasta el hartazgo en clarísimas filmaciones. Hay un conjunto inexcusable de antecedentes y situaciones que rodean a los sujetos. La falta de profesionalidad de la seguridad que no cumplió ninguno de los protocolos que exige la tarea; la detención del autor por particulares; la recuperación del arma pisoteada sin huellas dactilares aunque con signos del ADN del imputado según aclaraciones posteriores; la inutilización y tratamiento inadecuado por los organismos periciales oficiales del celular, etc.

Todo, en cuanto rodea a la acción, es dudoso.

Por supuesto que será repudiable cualquier atentado contra una autoridad como contra cualquier particular, pero claro, a quienes llegaron a falsear los datos del Indec, de los censos, de las estadísticas; a quienes ocultaron las tardías y negociadas vacunas y se las inocularon antes que nadie en el furor de las muertes por la epidemia; quienes propusieron la refinanciación de la deuda externa pero después no votaron la autorización para hacerlo en el Congreso; quienes se dejan atribuir haberes previsionales millonarios de dudosa legitimidad mientras el 70% de los jubilados cobra uno inferior al 1% del de ellos; a quienes revoleaban millones de dólares en bolsas en un convento o los acumulaban en cajas de seguridad bancarias, con contenidos verificados, o los recibían en su propio domicilio, calculando el monto por el peso de los bagajes, en medio de grandes restricciones cambiarias; a miembros de gobiernos que tienen condenados por corrupción a un vicepresidente, a ministros y altos funcionarios, y ahora con un pedido de condena por más de 12 años de prisión a la propia expresidente, resulta difícil creerles cualquier victimización, casual, fortuita o provocada sobre todo después de una derrota electoral tremenda el año pasado, en el medio término, y con un pronóstico peor para las generales inminentes del año que viene.

Tan difícil como creerle al pastor de la fábula de Esopo.

*Autor de «José de San Martin ¿Un agente inglés?».

Otro artículo escrito por Antonio Calabrese: Un atentado con final feliz

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