INTERNACIONAL

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El Gobierno del presidente Daniel Ortega declaró a la embajadora de la Unión Europea en el país «persona non grata 175 y habría pedido su expulsión del país.

La noticia se conoce luego de la intervención del bloque en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Bruselas pidió que el Gobierno de Daniel Ortega liberara a presos políticos y respetara los derechos humanos.

El Gobierno de Daniel Ortega declaró a la embajadora de la Unión Europea, Bettina Muscheidt, «persona non grata» y le pidió que abandone el país centroamericano, por «injerencia e irrespeto a la soberanía nacional», según la prensa loca citando fuentes diplomáticas de Bruselas.

De acuerdo a estas fuentes, Muscheidt fue convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país latinoamericano, que le dijo que ya no era bienvenida en el país.

El diario nacional «La Prensa», que tiene su redacción en el exilio en medio de una dura campaña de represión a voces opositoras al mandatario, publicó estas informaciones.

«La embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Muscheidt, fue instada a salir del país hoy mismo tras una reunión con el canciller orteguista, Denis Moncada», dijo el periódico local este 28 de septiembre.

La decisión sería la más reciente de una serie de medidas que buscan silenciar a los contradictores o a sus críticos. En el último tiempo, el Gobierno ha cerrado medios de comunicación independientes y ha arremetido contra la oposición enviando a varios líderes a la cárcel.

La embajadora Muscheidt había estado en Nicaragua desde 2021. El Ejecutivo de Ortega hasta el momento no ha emitido declaraciones al respecto.

La salida de Nicaragua de Muscheidt llegaría luego de la intervención de la Unión Europea en la Asamblea General de la ONU, donde el bloque instó a Ortega a «restaurar la democracia» y a «poner fin a toda represión, incluida la represión contra los opositores políticos, el clero, los medios de comunicación independientes, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos».

Hace una semana, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre Nicaragua. Bruselas ha establecido sanciones contra funcionarios, instituciones gubernamentales, familiares y allegados de Daniel Ortega, tras ser señalados de violaciones a los derechos humanos.

El exembajador nicaragüense ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields, quien renunció a su cargo en marzo, aseguró que Muscheidt fue «expulsada de forma vulgar».

Managua ha rechazado en los últimos meses a otros diplomáticos. Por ejemplo, en junio no recibió al candidato a embajador de Nicaragua de Estados Unidos, Hugo Rodríguez, y en febrero, el embajador del Vaticano, Waldemar Stanislaw Sommertag, fue declarado «persona non grata» y tuvo que abandonar el país.

El Gobierno de Ortega ha recibido fuertes críticas también por parte de la ciudadanía, que salió a las calles en 2018 y fue reprimida por la policía. En su primer año, la crisis en el país, aumentada tras estas protestas, dejó al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En las elecciones presidenciales de 2021, en las que siete de los principales contrincantes de Ortega fueron encarcelados, el presidente fue criticado internacionalmente por llevar a cabo unos comicios que fueron calificados como una «farsa».

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