ARGENTINA

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La Justicia de Argentina abrió una investigación penal para determinar si el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad, confirmaron el jueves fuentes de la Fiscalía que entiende en el caso.

La causa, dirigida por el juez federal Ariel Lijo, se abrió tras una denuncia interpuesta por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota contra la pareja presidencial «y otros cómplices de las desapariciones, asesinatos, tortura, cárcel y exilio de opositores a la dictadura», según expresó Richarte en su cuenta de Twitter.

«Hacer la denuncia fue posible por el aporte testimonial de los que sufren en 1a persona la violencia criminal y por el trabajo previo de OEA, ONGs y medios. Se pide la indagatoria y eventual captura internacional de Ortega y cómplices. Se inicia un camino para lograr justicia», agregó el letrado.

El abogado recordó que la Justicia argentina tiene una «extensa tradición en materia de defensa de los derechos humanos y aceptación del principio de jurisdicción universal», y se mostró optimista en «el avance de la investigación para establecer las responsabilidades penales de Ortega y sus cómplices».

Lijo ordenó que se envíe un exhorto a la Justicia nicaragüense para que informe si existen causas abiertas donde se investiguen delitos como torturas, detenciones ilegales y desaparición forzada de personas.

Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica desde 2018, que en su primer año dejó al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La situación se agravó tras las cuestionadas elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega se reeligió para un cuarto mandato consecutivo tras encarcelar a sus principales opositores, que aún permanecen en prisión.

En los últimos años, la Justicia de Argentina ─cuya Constitución avala que en el país se puedan tramitar causas en las que se investiguen delitos cometidos «fuera de los límites» de la Nación─ ya aceptó otras denuncias para investigar, por jurisdicción universal, los crímenes del franquismo en España o los cometidos contra el pueblo Rohinyá en Birmania.

Al menos 60 religiosos de la Iglesia católica, entre sacerdotes y monjas, abandonaron o fueron expulsados de Nicaragua en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, informó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

«Contabilizamos más de 60 religiosos que han sido desplazados, despojados de su pasaporte, nacionalidad, residencia, negada la entrada a Nicaragua, o que han decidido salir al exilio», dijo el abogado del Colectivo Yader Valdivia, uno de los encargados de documentar esos casos en ese organismo.

El dato fue dado a conocer por ese organismo humanitario, integrado por activistas nicaragüenses que se encuentran exiliados en Costa Rica, en un informe sobre la situación de los considerados presos políticos.

El informe habla tambien de la ilegalización de ONG y «la violencia y brutal persecución del Estado contra la Iglesia católica» que en lo que va de año, «ha provocado el exilio de al menos 55 sacerdotes, el destierro de dos y múltiples procesos judiciales».

Valdivia explicó que los religiosos han sufrido desplazamiento forzado desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social.

Entre los religiosos que han dejado Nicaragua por diferentes motivos se encuentra el exnuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, a quien el Gobierno expulsó; el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez; el sacerdote sobrino del héroe nacional Augusto C. Sandino, Edwing Román; y 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.

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