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Venezuela perdió este martes el asiento que tenía en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras fracasar en su intento de reelección frente a las candidaturas de Chile y de Costa Rica.

Catorce de los 47 asientos de este órgano de la ONU con sede en Ginebra estaban en juego en una votación en la que los países se presentan divididos por regiones y vota el conjunto de la Asamblea General.

América Latina tenía dos asientos libres y en general cada grupo regional preselecciona sus candidatos, los que luego son elegidos por la mayoría de la asamblea.

En este caso, tres países del bloque se presentaron y en la votación, que fue secreta y sin discursos, Chile obtuvo 144 votos, Costa Rica 134 y Venezuela 88.

Venezuela, que se sienta actualmente en el consejo, optaba a la reelección, pero numerosos grupos de defensa de los derechos humanos habían pedido votar en su contra por el historial de represión del gobierno de Nicolás Maduro.

«Una gran noticia que la Asamblea General de la ONU haya rechazado la candidatura de Venezuela para su reelección al Consejo de Derechos Humanos», reaccionó en Twitter, Louis Charbonneau, director para la ONU de la organización no gubernamental Human Rights Watch.

Con la salida de Venezuela, China y Rusia perdieron un aliado de peso en este ente de la ONU.

En medio de las inmensas dificultades por las que día a día atraviesan los venezolanos, se corre el riesgo de que en el país se vaya perdiendo la sensibilidad respecto a la dramática situación en la que se encuentran los presos políticos en Venezuela.

Ello no solo pondría en mayor riesgo la integridad física y mental de los detenidos, sino que además sería un incentivo para extender aún más el uso del sistema penal como instrumento de control y represión política en el país.

Evitar que ello ocurra ha sido una tarea que ha asumido un grupo de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos en Venezuela. A pesar de los riesgos que actualmente conlleva, estas organizaciones no gubernamentales han venido prestando apoyo desde hace varios años a las víctimas y junto con algunos de los pocos medios de comunicación independientes que aún quedan en el país visibilizan, monitorean y documentan las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los perseguidos y presos políticos en Venezuela.

La defensora de derechos humanos Martha Tineo, abogada cofundadora y coordinadora general de la organización no gubernamental Justicia Encuentro y Perdón, señala al respecto que «el gobierno nacional, a través de su poderoso aparato comunicacional, quiere convencernos a los venezolanos y a la comunidad internacional que el país ha venido superando la profunda crisis en la se encuentra sumido desde hace varios años, cuando en realidad es todo lo contrario».

«Esto lo afirmo con absoluta responsabilidad porque somos una organización de víctimas, una organización donde estamos en permanente comunicación con ellas y por ello tenemos información de primera mano. A partir de ese conocimiento digo con responsabilidad que lejos de superarse la crisis o de avanzar en la superación de la crisis, la situación en nuestro país se agrava cada vez más, y eso se hace sobre todo evidente en el caso de los presos políticos», continúa.

«Hoy en día, los presos políticos están en una situación peor de desamparo y nos preocupa que en el marco que va, entre los 200 y 300 presos políticos, ya pareciera que es un tema que se ha normalizado en el país. Hablamos de presos políticos en Venezuela, como hablamos de presos políticos en Cuba y en Nicaragua, casi como un lugar común», agrega.

Justicia Encuentro y Perdón estima que en las cárceles venezolanas se encuentran 314 presos políticos actualmente privados de libertad. De ellos, 23 (8.1 %) son mujeres y 291 (91.9 %) hombres. Casi la mitad, 141 (48 %), son miembros de las Fuerza Armada Nacional, 125 (43 %) proceden de la sociedad civil, 15 (4.7 %) son miembros de cuerpos policiales, siete de partidos políticos (2,2 %) y uno es periodista (0.3 %).

Según Tineo, «estas son unas cifras referenciales, debido a la total opacidad que existe en cuanto a información sobre esta materia por parte del Estado venezolano. Por otro lado, existen familias de detenidos políticos que no denuncian por temor a represalias, por hostigamiento, por amenaza, porque creen que si no se visibiliza su caso tal vez puedan ser liberados en un momento determinado. Por ello hablamos de una cifra de al menos 314 detenidos políticos, pero cada día nos enteramos de otra».

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