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La subcomisión del Congreso peruano aprobó el viernes un informe para acusar y procesar en un antejuicio al presidente Pedro Castillo.

Acusan al presidente de presunto delito de traición a la patria al considerar que Perú podría conceder una salida al mar a Bolivia.

«El informe final de la denuncia constitucional 219 fue aprobado por 11 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones», dijo la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.

La decisión abre las puertas para el inicio de un proceso de antejuicio a Castillo, pero aún debe ser debatido por el pleno del Congreso para acusar formalmente al mandatario.

Por el momento no se ha fijado una fecha para la votación.

El informe final aprobado este viernes propone que se le imponga a Castillo «la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública».

«No nos amilana a nosotros (la propuesta), estamos por el país porque antes que todo está el ciudadano y espero que el Congreso de la república actúe mirando al pueblo peruano», reaccionó el presidente peruano.

Esta decisión se enmarca en el contexto de la aguda crisis política en Perú por recurrentes choques entre poder ejecutivo y legislativo.

Una comisión de la OEA llegará a Lima el 20 de noviembre para tender puentes de diálogo entre ambos bloques.

El informe se sustenta en una entrevista que brindó Castillo en enero a la cadena CNN en Español, donde no descartó facilitar el acceso al mar de Bolivia.

Aclaró «si la población lo decidiera a través de una consulta popular».

Tras la guerra del Pacífico (1879-1884), que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile, Perú perdió sus dos regiones más australes (Arica y Tarapacá) y Bolivia su salida al mar.

«Recomendando la inhabilitación por cinco años y acusarlo por la presunta comisión del delito de traición a la patria», dijo el congresista Diego Bazán al leer la exposición del informe presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Añadió que Castillo «ha señalado a nivel nacional e internacional que es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía» que «pone en grave riesgo la integridad de la nación».

Bazán dijo que, con su acusación, «no se busca sancionar en ningún momento el delito de opinión», sino determinar si ha transgredido la Carta Magna.

El congresista, del partido opositor Avanza País, remarcó que las manifestaciones de Castillo «son susceptibles de reproche».

Recordó que el artículo 118 de la Constitución peruana establece que el presidente tiene por función dirigir la política exterior.

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