ESPAÑA

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El presidente socialista Pedro Sánchez anunciaba el jueves que el gobierno reformará el Código Penal para eliminar el delito de sedición.

Para la oposición se trata de una mancha negra en la democracia de España.

Un día más tarde, PSOE y Unidas Podemos (izquierda radical) presentaban la iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Si finalmente sale adelante, la sedición será sustituida por otro delito llamado desórdenes públicos agravados y la pena máxima se reducirá de 15 a cinco años de prisión.

Según el presidente, el objetivo de la reforma es, además de ayudar «a distender la situación en Cataluña», homologar el Código Penal a otras democracias europeas.

En otras naciones, especialmente europeas, se cita al empleo de violencia o intimidación para lograr la alteración de la paz pública a la hora de imponer pena por sedición, algo que no ocurre en España.

La propuesta presentada por PSOE y Unidas Podemos plantea la desaparición del delito de sedición y sustituir ese tipo penal por el delito de desórdenes públicos agravados.

La razón, argumenta Sánchez, es «modernizar, homologar el código penal en lo que respecta al delito de sedición. Mañana mismo [por el viernes] PSOE y Unidas Podemos vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar ese delito de sedición para reemplazarlo por un delito homologable a otras democracias europeas».

Distintos medios han publicado análisis sobre los cambios y en qué medida afectará a quienes fueron enjuiciados por el delito de sedición.

Referencia explicita a quiénes aún no han rendido cuentas ante la justicia española, como los politicos de la izquierda catalaña Puigdemont y Marta Rovira, huidos a Bélgica y Suiza, respectivamente.

La modificación beneficia a los líderes juzgados después del levantamiento de 2017 contra el Reino.

Se trata de los políticos que huyeron de la justicia para evitar ser procesados y desde entonces no han vuelto a pisar suelo español.

Sánchez advierte que «los delitos de 2017 siguen estando presentes en el Código Penal, no como delito de sedición, sino en una nueva tipología de delito».

Es decir, no responderan por sedición, sí por desórdenes públicos agravados.

El diario La Vanguardia explican que los nueve catalanes condenados e indultados siguen inhabilitados para un cargo público.

Seis de los nueve líderes condenados, además, lo fueron también por malversación de caudales públicos, que también implica penas de inhabilitación.

En El País apuntan que el nuevo tipo reduce a ocho años la inhabilitación máxima.

Uno de los principales afectados, Carles Puigdemont, publicó un extenso hilo en Twitter desde Bélgica criticando la eliminación del delito de sedición y su sustitución por otro.

Este cambio «no desjudicializaría nada» y no supone ningún «beneficio político» dice el jefe del alzamiento condenado por la justicia.

En su opinión, se sigue «criminalizando un derecho», el de convocar un referéndum, como hicieron, y que la ganancia es solo «personal» para Sánchez.

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