ARGENTINA

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La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue condenada el martes pasado a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos por un esquema de fraude que desfalcó al Estado por mil millones de dólares a través de proyectos de obras públicas durante su presidencia.

Un tribunal de tres jueces encontró a la líder peronista culpable de fraude, pero rechazó el cargo de dirigir una organización criminal, por lo que la sentencia podría haber sido de 12 años de prisión. Fue la primera vez que un vicepresidente argentino es condenado por un delito mientras estuvo en el cargo.

Fernández arremetió contra el veredicto, describiéndose a sí misma como víctima de una «mafia judicial». Pero también anunció más tarde que no se postularía el próximo año para la presidencia, cargo que ocupó anteriormente en 2007-2015.

La sentencia no es firme hasta que se decidan las apelaciones, un proceso que podría llevar años. Mientras tanto, producto de sus fueros, es inmune al arresto.

Fernández de Kirchner negó rotundamente todas las acusaciones. La líder dominante de Argentina este siglo, fue acusada de otorgar indebidamente contratos de obras públicas a un magnate de la construcción estrechamente vinculado a su familia.

El veredicto seguramente profundizará las fisuras en el país, donde la política puede ser un deporte sangriento y la mandataria populista de 69 años es amada u odiada.

Por otro lado, el actual presidente argentino Alberto Fernández ─abogado de profesión─, dijo en Twitter que ella era inocente y que su condena es «resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso».

Los fiscales dijeron que Cristina Fernández dirigió de manera fraudulenta 51 proyectos de obras públicas a Lázaro Báez, un magnate de la construcción y aliado desde la primera hora de ella y su esposo Néstor Kirchner, quien se desempeñó como presidente entre 2003 y 2007 y murió repentinamente en 2010.

Báez y miembros de la administración presidencial de Fernández de Kirchner entre 2007 y 2015 se encontraban entre una docena de otros acusados en la conspiración. Los jueces también condenaron a Báez y a su secretario de Obras Públicas, José López, a seis años. La mayoría de los demás recibieron sentencias menores.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dijeron que la empresa de Báez se creó para malversar ingresos a través de proyectos licitados incorrectamente que sufrieron sobrecostos y en muchos casos nunca se completaron. La empresa desapareció después de los 12 años de los Kirchner en el poder, dijeron.

En Argentina, los jueces en tales casos suelen pronunciar veredictos y sentencias primero y luego explicar cómo llegaron a su decisión. La decisión completa del tribunal se espera para febrero. Después de eso, el veredicto puede ser apelado ante la Corte Suprema, un proceso que podría llevar años.

Políticos y analistas habían señalado que hasta que se resuelva su apelación, Cristina Fernández sería libre de postularse para cualquier cargo electo, desde un escaño en el Congreso hasta la presidencia, y obtener inmunidad de arresto al ser elegida.

Mientras tanto, otros casos siguen pendientes en su contra, incluido un cargo de lavado de dinero que también involucra a su hijo e hija.

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