OPINIÓN

Por Antonio Calabrese*, abogado constitucionalista, historiador, político. Columnista de LaCity.com.ar.

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Hoy, jueves 16 de febrero, como los jueves anteriores desde que empezó a sesionar, he visto desde el principio hasta el final la reunión de la Comisión de juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados.

Esta actitud autoflagelante la utilizo a falta de un Cilicio, castigándome a cambio con la vergüenza ajena al ver como atropellan a las instituciones de la democracia ante la ignorancia de cuestiones elementales no solo de la ley sino de la racionalidad misma.

16 es el numero también de los votos que imponen la mayoría, contra viento y marea, pues la oposición multipartidaria unida alcanza a 15. Es decir, que por solo 1 voto nos vemos sometidos a esta humillación de llevar, en su momento, al recinto, la delirante denuncia a los Ministros de la Corte, que será rechazada en esa instancia, como todos saben, por falta de votos suficientes, pero mientras tanto se prolonga «sine die» un circo de degradación republicana, solo para satisfacer los caprichos de una persona condenada por corrupción en Tribunales inferiores, que no quiere llegar al Alto Tribunal para que no quede firme el fallo.

La delincuencia como siempre, ante la imposibilidad de alegar inocencia, se defiende tratando de enlodar a todos para igualar. Aquí encontró 16 instrumentos.

Se citan testigos pero no se dan razones sobre que van a testificar; a otros se los llama aunque están imputados o procesados judicialmente, violando su derecho de defensa, pues sabido es que el testigo está obligado a declarar pero el imputado puede negarse, postergando sus dichos para cuando lo crea conveniente si es que pretende hacerlo.

También hay testigos que no son presenciales que aparentemente declararan sobre dichos de otros; se ofrecen videos de fiestas de cumpleaños como si los actos privados o de la intimidad familiar pueden ser ventilados atropellando el derecho elemental a la privacidad que es constitucional por si y por encontrarse en los tratados sobre Derecho Humanos firmados por la Nación incorporados a su texto; se rebolean también «chats» y conversaciones telefónicas obtenidas de manera ilegitima y vaya a saber uno que veracidad pueden ostentar, para no hablar de la requisitoria a los servicios de inteligencia y organismos oficiales sobre los teléfonos de todas las personas que tengan relación a las decenas de causas que involucran a los Ministros, es decir «que salen a la pesca» a ver si encuentran algo con lo que puedan fundar sus demandas.

Un retroceso de más de 400 años en la evolución de la civilización, en la búsqueda de la libertad y el respeto a la persona humana, para volver a mucho antes de la Declaración de los Derechos del Hombre. Solo falta que volvamos a la «prueba del fuego» (que era caminar sobre brasas ardientes) o a la confesión «bajo el garrote» ( singular instrumento de tortura) practicas procesales de la edad media.

Por otra parte se aclara, en varias oportunidades, que por «el reglamento» que los rige (no importan las leyes que organizan y rigen al poder judicial) se permite obligar a los jueces o magistrados a declarar personalmente y en caso contrario a hacerlos comparecer por la fuerza pública.

Será curioso ver como se llevan de tal manera a jueces citados, en un patrullero luego de ser arrancados a la vista del público de sus despachos o domicilios. Tal vez esposados. Deplorable imagen institucional.

Hay varios jueces que están ya en la lista, pero como el plazo del período probatorio no tiene término, otra flagrante violación al debido proceso, este contina hasta la finalización de la tarea de la Comisión investigadora, que tampoco tiene plazo, es decir que podría durar meses, años, o hasta que cambien las mayorías de sus integrantes o, al menos entre en razones, uno de los 16 pétreos cruzados, adalides de la vicepresidente condenada por corrupción, y cambie su voto en la Comisión que a esta altura ya podría calificarse de inquisidora, sin envidiar al célebre Torquemada.

Los discursos de los diputados opositores cargados de racionalidad, con las citas legales aplicables de nada han valido. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

El escarnio internacional que representa la falta de seguridad jurídica a la que se expone a la Argentina no será gratuito.

Habrá que decir adiós a inversiones, al crecimiento del empleo, al mejoramiento del nivel de vida, a alcanzar estándares internacionales de desarrollo, a integrarnos a un mundo moderno.

A ser un país serio.

*Autor de «José de San Martín ¿Un agente inglés?».

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