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Estados Unidos y la Unión Europea (UE) acordaron establecer un «diálogo transparente» sobre los subsidios que ambas economías están ofreciendo a la industria de las energías verdes.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció ese acercamiento en declaraciones a la prensa después de reunirse en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el presidente de EE. UU., Joe Biden.

Con ese diálogo, EE. UU. y la UE intercambiarán información sobre los subsidios que diferentes compañías van a recibir gracias a la estadounidense Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y el llamado «Plan Industrial del Pacto Verde», que la Comisión Europea presentó el mes pasado.

Bruselas insiste, no obstante, en que esto debe venir acompañado de herramientas de financiación «creíbles y ambiciosas» a nivel europeo para que todos los países comunitarios, incluidos aquellos con menor músculo fiscal, puedan invertir en las tecnologías verdes, según dijo este viernes la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

«Lo importante para nosotros es que en el sector de tecnologías limpias, con todo su poder innovador, tengamos igualdad de condiciones. Queremos competir en calidad, no en subsidios», dijo Von der Leyen durante una rueda de prensa en Suecia durante la visita del colegio de comisarios al país, que asumió en enero la presidencia rotatoria de la UE.

«Queremos mantener y apoyar a la industria aquí, porque la necesitamos para la transición verde y nuestra prosperidad», insistió la exministra alemana, quien aseguró que la UE quiere dar una respuesta «fuerte, tranquilizadora y positiva» a las empresas que invierten en tecnologías limpias en Europa y hacerlo «rápido porque las decisiones de inversión se están tomando ahora».

La Ley de Reducción de la Inflación estadounidense, en vigor desde este año, prevé 369.000 millones de dólares en subsidios «verdes» que estarán vinculados a producir en territorio estadounidense, lo que a juicio de la UE supone una competencia desleal y discriminación para las empresas europeas, que podrían relocalizar sus inversiones.

Esto ha llevado a la Comisión a negociar con Estados Unidos para mitigar el impacto negativo de la ley ─cuyos objetivos «verdes» comparte─ y obtener para la UE un trato más favorable, similar al que reciben México y Canadá, pero en paralelo los Veintisiete estudian sus propias medidas para mantener su competitividad.

En este sentido, Von der Leyen defendió usar dos vías: realizar «cambios selectivos y temporales» a las normas de ayudas de Estado para usar estas inversiones como «puente» y, de forma complementaria, buscar herramientas de financiación europeas que puedan movilizar inversiones a «corto y medio plazo».

De cara a la consulta con los países para revisar las reglas de ayudas de Estado, la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager, ha enviado una carta a los ministros de Economía del bloque pidiéndoles opinión sobre posibles medidas para acelerar la transición verde y cómo evitar que el apoyo público fragmente el mercado único, dijo a EFE una portavoz comunitaria.

En la segunda línea de trabajo, Bruselas está elaborando una evaluación de las necesidades de financiación del sector de tecnologías limpias que tenga en cuenta la «mayor competencia», mientras discute con los Estados miembros las distintas posibilidades para obtener los fondos, explicó Von der Leyen.

«Tenemos que actuar, mejorar las posibilidades para que las empresas europeas tengan igualdad de condiciones, pero tenemos que hacerlo basándonos en hechos y cifras y un buen análisis de lo que ocurriría si se actúa de otro modo, de qué consecuencias pueden tener los cambios en la regulación, tanto buenas como arriesgadas», dijo en este sentido el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

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