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El gobierno de Ecuador anunció el martes la expulsión del embajador de Argentina en Quito, Gabriel Fuks, y llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Xavier Monge, tras la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte a Venezuela.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, argumentó en una rueda de prensa una pérdida de confianza en Fuks, en cuya residencia estaba refugiada Duarte desde hacia más de dos años y medio para evitar ir a prisión por una condena por corrupción.

La partida hacia Caracas de Duarte, que fue ministra del gobierno del izquierdista Rafael Correa (2007-2017), se dio después que el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández le concediese en diciembre el asilo solicitado pero el de Ecuador, presidido por Guillermo Lasso, le negara el salvoconducto para viajar a Buenos Aires sin ser detenida.

«La señora Duarte Pesantes informó que actualmente se encuentra en Caracas ─sin brindar explicaciones sobre el modo en el que lo hizo, ni si se encuentra junto a su hijo─ y realizó averiguaciones sobre la documentación que nuestro país le pudiera extender. Asimismo, manifestó no tener intenciones de viajar a la Argentina en el corto plazo», señaló la Cancillería argentina en un comunicado.

La exfuncionaria ecuatoriana se presentó en la Embajada de Argentina en Caracas en torno a las 11.00 hora local (15.00 GMT) de este martes y fue atendida por el embajador, Oscar Laborde, y por otros dos funcionarios de la sede diplomática, expuso el comunicado de la Cancillería.

En un mensaje publicado en su perfil de Twitter, Duarte, quien formó parte de la Administración de Rafael Correa (2007-2017) y que se había refugiado en la embajada para no ir a prisión por una condena por corrupción, agradeció al país suramericano por haberla «cobijado ante la persecución de los Gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso».

«Decidí dejar la embajada porque, al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo a la convención de Caracas de 1954, e impedir mi salida segura (salvoconducto), el Gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política», escribió la exministra, agregando que tuvo que salir «bajo riesgo».

Duarte publicó su mensaje después que se conociera que el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, había convocado al embajador argentino en ese país, Gabriel Fuks, para responder a consultas en torno «al escape» de la exfuncionaria de la Embajada argentina en Quito.

Según la versión oficial argentina, durante el pasado fin de semana, mientras el embajador desempeñaba «distintas tareas inherentes a su labor diplomática», «no se registró presencia» de Duarte en el ala del edificio donde residía, que era distinta de la residencia oficial del representante argentino en Quito.

El Gobierno del peronista Alberto Fernández comunicó el pasado 1 de diciembre a la Cancillería ecuatoriana su decisión de conceder el asilo a Duarte, que estaba alojada en la embajada argentina en Quito junto a su hijo desde el 20 de agosto de 2020.

Sin embargo, el Gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso (centroderecha) se opuso a otorgar a Duarte el salvoconducto que le permitiese salir de Ecuador sin ser detenida.

Duarte fue condenada en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho como parte del caso «Sobornos 2012-2016», una trama de financiación irregular del entonces movimiento oficialista Alianza País, liderado por Rafael Correa, con aportes indebidos de empresas que no fueron declarados.

La exfuncionaria, que ocupó la cartera de Obras Públicas entre el 19 de febrero de 2015 y el 6 de enero de 2017, se considera una perseguida política y niega los cargos en su contra, al igual que Correa, que aduce la condición de refugiado en Bélgica, lo que traba una solicitud de extradición de la Justicia ecuatoriana. Correa, que reside desde 2017 en Bélgica, ha mantenido una estrecha relación con el actual mandatario argentino y con la vicepresidenta, Cristina Fernández.

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