ARGENTINA

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El reclamo de Argentina por las islas Malvinas (Falkland Islands, para los británicos), ocupadas por Gran Bretaña desde 1833, sigue en pie, y no ha cambiado esencialmente. Tampoco desde la guerra que terminó con una derrota para el país sudamericano, y marcó el principio del fin de la cruenta dictadura de la Junta Militar (1976-1983). Pero, hasta ahora, el Reino Unido siempre ha rechazado el pedido argentino de negociaciones por la soberanía de ese territorio.

En un referéndum de 2013, un 98,8 por ciento de los malvinenses (que se denominan a sí mismos en inglés falklanders) dijo querer seguir bajo administración británica. En 2016, durante el Gobierno de Mauricio Macri, el vicecanciller argentino Carlos Foradori y su par de Reino Unido, Alan Duncan, firmaron un amplio acuerdo de cooperación que, supuestamente, iba a beneficiar a ambos países, pero los críticos y el actual Gobierno consideran que lo acordado da ventajas, sobre todo, a Gran Bretaña.

Por ello, el 2 de marzo pasado, el canciller argentino, el peronista Santiago Cafiero, comunicó a su par británico, James Cleverly, que Argentina daba por finalizado ese acuerdo por considerarlo «lesivo» para «reclamo histórico» de soberanía de las islas.

Con este paso, el Gobierno de Alberto Fernández volvió a colocar el pedido de negociación en el centro de la disputa sobre las islas Malvinas, y las Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como por los espacios marítimos circundantes, en los términos de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además, impulsa una reunión en breve en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York para tratar el asunto. La respuesta de Cleverly al tuit de Cafiero fue contundente: «Las Falkland son británicas. Los isleños tienen derecho a decidir su propio futuro (…)».

Sin embargo, aunque «en los casos clásicos de colonialismo se aplica el principio de libre determinación de los pueblos, las Naciones Unidas han considerado que esta es una situación de colonialismo territorial particular y que, por lo tanto, los habitantes británicos no pueden decidir sobre la cuestión», explica Marcelo Kohen, profesor emérito de Derecho Internacional del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, de Ginebra, en entrevista con DW.

«El Reino Unido prefiere dejar abierto el tema porque tiene el control del territorio», agrega. «El Gobierno británico aplicó la misma estrategia con el archipiélago de Chagos, en disputa con Mauricio, es decir, no negociar la cuestión de fondo y obtener ventajas», aclara el jurista y coautor, junto con el abogado de Derecho Internacional Facundo Rodríguez, del libro «Las Malvinas entre el derecho y la historia» (Eudeba, 2016).

Para Vicente Palermo, politólogo argentino e investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, la cancelación del acuerdo es «perfectamente inofensiva», pero el Gobierno «se gana una vez más el descrédito y la desconfianza» de los habitantes de las islas. Según el ensayista y autor de «Sal en las heridas. Las Malvinas en la cultura argentina y contemporánea» (Sudamericana, 2007), se trata de una política de «punición» para «ablandar» a los malvinenses, de modo que Gran Bretaña se siente a negociar la soberanía, dijo a DW. Es «un tiro en el pie», «un retroceso», afirma. «El interés argentino debería ser cooperar, permitir el desarrollo de Malvinas, y no obstaculizarlo», en términos de exploración, explotación y cuidado de recursos naturales, opina el experto.

Pero, durante los casi 200 años de disputa, la mayoría de las quejas de Buenos Aires están relacionadas precisamente con la explotación de recursos naturales por parte de Gran Bretaña, sin la autorización de Argentina. En los años 90, se descubrieron grandes campos de petróleo en Malvinas. En 2022, Argentina ya había sancionado a 10 petroleras por operar en aguas lindantes con las islas.

«Reino Unido entendió el acuerdo Foradori-Duncan como la derogación de la legislación argentina que impone sanciones a las actividades económicas que se desarrollan en jurisdicción argentina, sin autorización de la Argentina», señala Marcelo Kohen. Gran Bretaña continúa con la explotación unilateral de los recursos naturales de las Malvinas y no cumple con la obligación de descolonizar el territorio, como exige la ONU desde 1965.

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