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El Gobierno de Hungría aseguró este jueves que el presidente ruso, Vladímir Putin, no sería detenido en territorio magiar a pesar de la orden internacional de arresto dictada por la Corte Penal Internacional (CPI), ya que el estatuto de ese tribunal no ha sido promulgado en el país centroeuropeo.

«Hungría no podría detener a Putin, porque el estatuto de la CPI no ha sido promulgado, ya que es anticonstitucional», explicó ante la prensa el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás.

La CPI emitió este mes una orden de detención contra Putin como «presunto responsable» de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que se traduce en un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, que han firmado 123 países.

Tras el anuncio de la CPI el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró que el presidente ruso, Vladímir Putin, puede ser arrestado «inmediatamente» en «más de 130 países».

Hungría lleva más de 20 años sin incorporar en su legislación el Estatuto de Roma, el documento constitutivo de la CPI, a pesar de haberlo firmado en 1998 y ratificado posteriormente. El Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán, considerado el mejor aliado de Moscú en la UE, en el poder desde 2002, tampoco ha dado pasos para incorporarlo formalmente en el corpus legal del país.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, mantiene estrechas relaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin. Orbán bloquea las sanciones de la UE y agentes rusos tienen vía libre en Budapest.

A finales de noviembre de 2022, fuerzas especiales ucranianas detuvieron a un presunto agente ruso en un paso fronterizo hacia Hungría portando una memoria USB con información secreta.

El soporte de datos contenía información personal robada sobre la cúpula y el personal del servicio de inteligencia nacional ucraniano SBU y del servicio de inteligencia militar GRU, así como información sensible sobre bases, armamento y logística del Ejército ucraniano. Resultó que el espía pretendía entregar los datos a la embajada rusa en Budapest, la capital húngara.

El periodista Szabolcs Panyi informó sobre el caso para el portal Balkan Insight. «Budapest se está convirtiendo en el centro del espionaje ruso dentro de la Unión Europea», dice Panyi a DW. Actualmente, en la capital húngara trabajan más de 50 diplomáticos acreditados, mientras que en las ciudades de Praga, Varsovia y Bratislava juntas apenas superan la veintena. «Muchos agentes se camuflan de diplomáticos, ya que gozan de inmunidad», explica el periodista.

Además del personal de la embajada rusa, también gozan de inmunidad los empleados del Banco Internacional de Inversiones (IIB) en Hungría, fundado durante la era soviética. La sede del banco se trasladó de Moscú a Budapest hace tres años. Esto significa que el banco no tiene que temer a la autoridad de supervisión financiera húngara, las investigaciones penales o los tribunales.

El jefe del IIB, Nikolai Kosow, procede de una familia de espías: su padre fue agente del KGB en Budapest, y su madre fue elogiada por la agencia rusa TASS como «una de las espías más notables del siglo XX».

Tras el ataque de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022, los países de la UE y la OTAN que antes participaban en el IIB en Bulgaria, Rumania, la República Checa y Eslovaquia anunciaron su retirada del banco, pero Hungría permaneció. Además, desde el comienzo de la agresión rusa, todos los Estados de la UE han estado dispuestos a expulsar a los espías rusos que operan bajo cobertura diplomática, excepto Hungría.

Szabolcs Panyi podría enumerar muchos casos del espionaje ruso que opera en Hungría. Un ejemplo es el antiguo eurodiputado del partido conservador de derechas Jobbik, Béla Kovács, apodado KGBéla. Fue denunciado por la Oficina de Protección de la Constitución en abril de 2014, pero no se le acusó de espiar para Rusia hasta abril de 2017. Pasaron ocho años antes de que se dictara una sentencia jurídica vinculante. Durante este tiempo, Kovacs pudo fugarse a Moscú.

La investigación de Panyi y sus colegas también muestra que los hackers rusos han penetrado repetidamente en las redes informáticas y las comunicaciones internas del Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro desde al menos 2012, y los ataques han continuado después de la invasión de Ucrania. Los países occidentales saben que los sistemas informáticos del ministerio húngaro están contaminados.

El equipo de investigación ucraniano Molfar, que realiza investigaciones militares y verificaciones de hechos para Europa del este, destapó, junto con Panyi, el escándalo de la venta de «visas de oro» que obtuvo de Budapest Andrei Naryshkin, hijo de Sergei Naryshkin, jefe de la agencia rusa de espionaje exterior SWR.

Panyi y sus colegas también han llegado a la conclusión de que Moscú ha logrado influir en el Gobierno húngaro, utilizando su dependencia del gas, petróleo y el uranio rusos.

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