ARGENTINA

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El Gobierno argentino lanzó medidas para incentivar las exportaciones agropecuarias y enfrentar así las consecuencias de la sequía, ante la escasez de reservas que afecta al país y una inflación superior al 100 % que castiga brutalmente a la población.

El Gobierno del presidente Fernández lanzó este miércoles un conjunto de medidas que incluye un tipo de cambio diferencial para incentivar las exportaciones agropecuarias, encarar los efectos de la sequía y fomentar la liquidación de divisas ante la escasez de reservas que sufre el país.

Las tres medidas anunciadas pretenden «fortalecer» al sector agroexportador y también las reservas y la moneda, «tan importante en momentos de incertidumbre y volatilidad a nivel global y local», dijo el devaluado ministro de Economía, Sergio Massa, en un acto rodeado de funcionarios de su cartera y representantes de las cámaras sectoriales.

Las medidas se lanzan para mitigar los efectos adversos en las reservas por el severo impacto de la sequía que sufre Argentina y que, según cálculos privados, implicará para el país pérdidas de ingresos por unos 20.000 millones de dólares este año, que ahonda las limitaciones del Banco Central para afrontar la creciente demanda de divisas en la plaza cambiaria y para pagar importaciones.

El gobierno, que maneja la radicalizada vicepresidenta Cristina Kirchner, esta envuelto en una feroz pelea interna que se ha profundizado desde que el presidente Fernández anuncio la decisión de presentarse a la reelección.

El ministro lanzó un tipo de cambio fijo de 300 pesos ─superior al mayorista oficial de 210,78─ que regirá para el sector productor de soja y sus derivados entre el 8 de abril y el 31 de mayo próximos.

En este tipo de cambio incorporó a los productos de economías regionales ─como yerba, te, frutas, maní─ desde el 8 de abril hasta el 30 de agosto próximos, que se irán incorporando en la medida que se comprometan a sostener el empleo y que participen del programa de control de precios internos del Gobierno garantizando el volumen y el abastecimiento.

La política del gobierno mantiene cerrojos en la actividad comercial un intento de mejorar las cuentas publicas que lejos de dar algún resultado ha profundizado la crisis.

Los índices oficiales marcan un 40 % de pobreza muy concentrada en la zona de la provincia de Buenos Aires cercana a la capital del país.

Argentina ya había puesto en marcha el año pasado, en dos ocasiones, un tipo de cambio diferencial para incentivar la liquidación de exportaciones de soja a un valor más conveniente que el tipo de cambio oficial mayorista que se aplica al comercio exterior.

Este denominado «dólar soja» le ayudó a Argentina a cumplir en 2022 con las metas pactadas hace un año con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia de acumulación de reservas monetarias.

Pero actualmente, las reservas monetarias se ven bajo presión por el impacto de la sequía, al punto que el FMI flexibilizó las metas de reservas para 2023, mientras el mercado cambiario y el régimen para importar están atravesados por múltiples restricciones.

Otra medida anunciada este miércoles está enfocada a los exportadores que no han cumplido con liquidar unos 3.700 millones de dólares en los plazos previstos por las normas locales.

Massa indicó que se les dará 30 días para regularizar su situación, plazo tras el cual serán sancionados con la imposibilidad de comerciar.

El ministro también informó de que se facilitará el acceso a los «beneficios de la emergencia» a unos 69.000 productores agropecuarios dañados por la sequía, algo que incluye suspender las ejecuciones fiscales, bancarias y las percepciones de adelantos de impuestos.

El crecimiento para América Latina y el Caribe será de un 1,4%, según un informe del Banco Mundial publicado el martes. En 2024 y 2025, se mantendrá en el 2,4 %, añadió esa institución.

La cifra para este año es una décima superior que la incluida en su anterior informe sobre el continente, publicado en enero, pero sigue estando «por debajo de lo esperado», apuntó la institución en un comunicado.

Esto se debe, principalmente, a los efectos de las subidas de tipos de interés de los bancos centrales para luchar contra la inflación y a la bajada de precios de las materias primas, explicó en una rueda de prensa el economista jefe del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, William Maloney.

Con todo, y a pesar de que la región ya prácticamente se ha recuperado de la crisis de la pandemia de COVID-19, el crecimiento de los próximos años será demasiado bajo como para traer una reducción significativa de la pobreza, ahondó el experto.

América Latina ha sido capaz de resistir hasta ahora la incertidumbre económica actual, agravada por la invasión rusa de Ucrania; y la inflación, después de haber alcanzado cifras históricas en muchos países a lo largo de 2022, se ubicará en un 5 % en 2023 (a excepción de Argentina).

A pesar de eso, la integración de la región en la economía global continúa siendo muy baja.

«América Latina, por lo general, comercia menos de lo que debería, teniendo en cuenta la proximidad a sus socios y sus tratados de libre comercio. Deberíamos estar exportando mucho más», dijo Maloney.

A esto se le suma una progresiva reducción de las inversiones extranjeras en la región, especialmente las españolas, apuntó el experto.

Maloney explicó que entre los motivos de la baja cantidad de inversiones internacionales se encuentran factores estructurales que será difícil revertir, como la falta de educación superior y técnica o la falta de inversión en infraestructuras y servicios.

La región invierte apenas un 3,5 % de su Producto Interior Bruto (PIB) en infraestructuras, mientras que en Asia o África se invierte alrededor del 7 %.

Eso, unido a unas instituciones políticamente inestables, resulta en una falta de integración y una pérdida de inversiones internacionales en Latinoamérica, a excepción de México, que está cada vez más conectado a la economía de Estados Unidos.

El economista advirtió también contra la tendencia al proteccionismo como respuesta al descontento con los resultados de los tratados de libre comercio, y abogó por hacer un mayor esfuerzo político para entrar en los mercados europeos y estadounidenses.

En este sentido, la institución considera que existen actualmente dos grandes oportunidades para la integración económica: la deslocalización cercana de empresas (o «nearshoring») y la producción de energía verde.

Maloney avanzó que el Banco Mundial se encuentra trabajando junto a algunos países latinoamericanos para impulsar el comercio de hidrógeno verde. Varios países de la región, como Panamá o Chile, ya han avanzado su intención de convertirse en importantes actores internacionales.

Sin embargo, estas ambiciones requieren también un ajuste a los estándares del resto de economías, como la trazabilidad ─poder verificar el origen y la cadena de producción─, necesaria para vender combustible verde en los mercados europeos.

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