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El Consejo Constitucional francés aprobo el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, la principal medida de la reforma de pensiones que respalda el Gobierno.

El Consejo Constitucional francés validó este viernes las medidas clave de la impopular reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron. La decisión fue recibida con abucheos por parte de los manifestantes congregados en la plaza del Ayuntamiento de París.

Así, para 2030, la edad mínima de jubilación será a los 64 años, pese al constante rechazo desde enero de los sindicatos y de una mayoría de franceses, según los sondeos.

Los nueve «sabios» de la institución rechazaron además una solicitud de la oposición de izquierda de convocar un referendo para limitar la edad de jubilación a 62 años.

Desde el 7 de marzo, cuando se manifestaron entre 1,2 y 3,5 millones de personas, las marchas son menos numerosas, pero la intensidad amenaza con remontar.

En la mañana del viernes se dieron de nuevo bloqueos en los accesos a Ruán (noroeste) y en una plataforma de alimentos en Estrasburgo (noreste). Los sindicatos ya habían avisado de que, independientemente de la decisión, el conflicto social no se terminaría.

Unas horas antes de conocerse la decisión, Emmanuel Macron propuso a los sindicatos franceses una reunión el martes, indicó la presidencia, como «el inicio de un ciclo (…) que continuará las próximas semanas».

El mandatario está acusado de haber creado una «crisis democrática» al decidir el 16 de marzo adoptar por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento donde carece de mayoría absoluta desde junio.

Mientras la primera ministra Elisabeth Borne se dirigía al estrado de la Asamblea Nacional, los legisladores de la oposición se pusieron de pie y corearon la Marsellesa, al tiempo que sostenían carteles que decían «no a los 64 años» y «democracia». Esta fue la escena que personificó la tormenta política en la que se metió Francia.

«En virtud del artículo 49.3 de la Constitución, comprometo la responsabilidad del gobierno», gritó Borne, al anunciar que la controversial reforma de pensiones que eleva la edad mínima de jubilación en Francia de 62 a 64 años se aprobaría sin votación en la Cámara Baja.

El apartado 3 del artículo 49 permite al primer ministro actuar unilateralmente. La única manera de detener un proyecto de ley aprobado en virtud de esta norma sería derribar el gobierno.

Los vientos en contra de lo que muchos percibían como una medida autoritaria también soplaban fuera del Parlamento, tras semanas de protestas contra la reforma de pensiones. Miles de manifestantes salieron a las calles de París y otras ciudades del país, algunos se quedaron hasta altas horas de la noche enfrentándose a la policía antidisturbios.

«Esto pone de manifiesto que algo no va bien en el sistema político francés. Podemos verlo en nuestras encuestas periódicas, que muestran que la gente quiere una democracia más participativa en la que los sindicatos y la sociedad civil participen en la elaboración de los textos legales», declaró a DW Bruno Cautres, del Centro de Investigación Política, con sede en París.

Por ahora, los partidos de la oposición han presentado dos mociones de censura que se someterán a votación el lunes.

El gobierno francés recibió el apoyo de los líderes de los conservadores republicanos. Sus 60 votos darían a la coalición minoritaria del presidente Emmanuel Macron la mayoría necesaria para rechazar la moción de censura. Sin embargo, los mismos líderes ya habían prometido el respaldo de su partido a la reforma de pensiones. Pero no suficientes republicanos aceptaron seguir esa iniciativa, por lo que el mandatario consideró improbable una mayoría parlamentaria para su reforma y decidió activar el 49,3.

Vincent Martigny, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Niza y en la Escuela Politécnica de París, cree que la medida sumió a Francia en una crisis política que llegó para quedarse, al menos a mediano plazo. Aunque el puesto de Macron no está directamente amenazado, dirigir el país parece destinado a convertirse en un quebradero de cabeza.

«El gobierno en su forma actual está herido de muerte, como en una corrida de toros», declaró Martigny a DW. Borne tendría que dimitir casi con toda seguridad, agregó.

«Si una de las mociones de censura sale adelante, el gobierno caerá y es probable que el presidente disuelva la Asamblea Nacional», advierte Martigny. «Si el gobierno sobrevive a la votación, Macron puede retirar la reforma, lo que parece muy improbable, o mantenerla, lo que desencadenará una crisis social de consecuencias desconocidas que podría incluir elecciones parlamentarias anticipadas», apunta.

El presidente, por su parte, argumenta que Francia necesita la reforma para mantener su credibilidad financiera en los mercados internacionales, donde refinancia su deuda que ronda 110 % del PIB francés. «Considero que los riesgos financieros y económicos (de no llevar a cabo la reforma) son demasiado grandes», dijo Macron ante el gabinete el jueves, según un comunicado de su oficina.

«Pero a diferencia de lo que ocurre en países como Alemania, a los franceses no les preocupa la deuda pública. Para ellos es una cuestión secundaria», subraya Martigny. El sistema de pensiones, por el contrario, está en el centro de sus preocupaciones. «Los franceses practican lo que yo llamaría nacionalismo del bienestar: están muy apegados a su sistema de redistribución y lo consideran una parte crucial de su identidad».

Cautres cree que la única manera de que Macron vuelva a aguas políticas más tranquilas en corto plazo es alcanzar una mayoría en el Parlamento. «O forma un acuerdo de coalición estable con Los Republicanos o disuelve la Asamblea Nacional esperando un mejor resultado en las siguientes elecciones parlamentarias», señala el experto.

Pero Benjamín Morel, analista político y profesor de Derecho Público en la Universidad París 2 Panthéon-Assas, duda que estas estrategias funcionen. «Los Republicanos no son socios fiables, parecen un grupo de electrones libres sin mucha disciplina de partido», declara a DW.

Además, unas elecciones parlamentarias anticipadas podrían albergar otro riesgo. «Es probable que la extrema derecha gane terreno, ya que ha conseguido construirse una imagen respetable durante los debates en el Parlamento estando en contra de la reforma y del lado del pueblo. Y el cansancio democrático, como estamos viendo ahora, conduce a menudo a la abstención o al voto de apoyo a los extremos», observa Morel.

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