INTERNACIONAL

Lectura: 4 minutos

Francia mantendrá hasta comienzos de 2025 parte del denominado «escudo de tarifas», una batería de medidas implementada para contener el precio de la electricidad y el gas y paliar la inflación, pese a la estrategia de aceleración del desendeudamiento que el Gobierno galo va a ejecutar hasta 2027.

La medida apunta a descomprimir un denso clima social con protestas callejeras violentas debido al interés del gobierno por reformar el sistema previsional.

«Vamos a tomarnos más tiempo para salir del escudo de la electricidad», dijo este viernes el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, en una entrevista en la cadena LCI. En concreto, el Gobierno francés se da un plazo de dos años, hasta «comienzos de 2025», porque «las tarifas aún siguen muy elevadas».

«Salir del escudo debe hacerse progresivamente para no inquietar a nuestros compatriotas», manifestó el ministro. No será el mismo caso para las medidas de congelación de las tarifas del gas para los particulares, ya que, según Le Maire, «ahora que los precios han vuelto a la situación de antes de la crisis, 50 euros el megavatio-hora, no hay razón para mantener un escudo».

Las medidas sobre el gas, por tanto, sí concluirán este 2023. El llamado «escudo de tarifas», implementado a finales de 2021, fue una batería de medidas implementada por el Gobierno de Emmanuel Macron que sirvió para contener el ascenso de los precios de la electricidad y del gas y supuso el reembolso de una parte de los carburantes.

Su final fue una de las medidas anunciadas este jueves por el propio Le Maire al presentar un nuevo plan de estabilidad que buscará acelerar el desendeudamiento de aquí a 2027.

Francia soporto una undécima jornada de protestas contra la impopular reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, ocho días antes de una decisión clave del Consejo Constitucional que podría desbloquear un conflicto social embarrado.

Liceos y universidades bloqueados, algunos trenes anulados y una frecuencia en el transporte público de París «casi normal» apuntan a un movimiento de protesta que continúa, pero que en las últimas semanas ha perdido fuerza en un país que todavía no halló una solución a la crisis social y política.

El miércoles, una reunión entre la primera ministra, Élisabeth Borne, y los principales líderes síndicales sirvió para constatar que sus posiciones no cambiaron, a la espera de la decisión de los «sabios» constitucionales el 14 de abril. «Estamos todavía en este momento en que pedimos la retirada de la reforma. El gobierno dijo: «Vamos hasta el Consejo Constitucional, es el proceso democrático»», dijo este jueves en la radio RTL el líder del sindicato CFDT, Laurent Berger, para quien corresponde a Macron «solucionar el problema».

El gobierno se niega en cambio a retirar su reforma que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa, algo que rechazan dos de cada tres franceses, según los sondeos. Su presentación a mediados de enero generó una oleada de protestas desde entonces, que se radicalizaron el 16 de marzo cuando el presidente francés decidió adoptarla por decreto, al temer una derrota en el Parlamento donde el oficialismo carece de mayoría absoluta.

El gobierno defiende que elevar una de las edades de jubilación más bajas de Europa permitirá evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, pero sus opositores consideran que castiga más a las mujeres con hijos y a quienes empezaron a trabajar muy jóvenes.

Otro artículo de interés: Europa reduce consumo de gas