ESPAÑA

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Al menos siete policías resultaron heridos en enfrentamientos con manifestantes, según informaron las autoridades, mientras decenas de miles de personas marchaban por Madrid el sábado, exigiendo la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una serie de escándalos de corrupción.

Un pequeño grupo de manifestantes intentó romper las vallas que rodeaban la residencia de Sánchez durante la concentración, que por lo demás transcurrió en gran medida de forma pacífica.

La policía detuvo a un grupo de personas enmascaradas en la carretera principal que conduce al Palacio de la Moncloa, donde reside el líder socialista con su familia, según mostraron imágenes de la televisión española. Tres personas fueron arrestadas, informó la policía.

Los manifestantes portaban pancartas con el lema «Dimisión de la mafia socialista» y otras consignas, junto con numerosas banderas nacionales doradas y rojas, en la «Marcha por la Dignidad», organizada por la asociación Sociedad Civil Española.

También participaron líderes del opositor Partido Popular y del partido de extrema derecha Vox.

Un tribunal español anunció el martes que el expresidente del Gobierno socialista español, José Luis Rodríguez Zapatero, estaba siendo investigado por presuntamente liderar una red de tráfico de influencias y blanqueo de dinero, lo que supone otro revés para el gobierno de izquierdas.

Zapatero, un aliado clave del actual presidente del Gobierno, negó haber cometido delito alguno.

Sánchez consideró brevemente dimitir en abril de 2024 después de que un juez abriera una investigación contra su esposa, Begoña Gómez. Él ha defendido públicamente a su familia, afirmando que los casos tienen motivaciones políticas y están impulsados ​​por opositores de extrema derecha.

Ella niega haber cometido delito alguno y un fiscal español solicitó el mes pasado al juez instructor que archivara el caso, que fue presentado por grupos de extrema derecha.

Los organizadores afirmaron que 80.000 personas participaron en la protesta. El representante del gobierno español en Madrid cifró la cifra en unos 40.000.

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