Corrupción de vacuna en América Latina

INTERNACIONAL

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Foto: Pan American Health Organization PAHO

Lectura: 6 minutos

El fuerte impacto de la pandemia de COVID-19, que a más de un año castiga a varios países de América Latina con sucesivas olas del contagios, esconde el problema de la corrupción en una región donde las vacunas son escasas.

La secuencia de mortandad, que se suma a la crisis económica y social a la región, según coincidieron un grupo de expertos, responde a la situación de desigualdad en estos países

En un evento en línea organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se puso en perspectiva el tema «Pandemia, vacunas y derechos humanos en las Américas», un debate donde participaron prominentes figuras del sector de derechos fundamentales.

La discusión partió de la Resolución 1/2021 «Las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos», donde se incluyen aspectos esenciales que los países deben abordar con prontitud para garantizar no solo la aplicación de la inmunización sino también actuar con transparencia e información a las poblaciones.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien fue parte del foro subrayó que la pandemia puso en evidencia muchos de los temas de desigualdades y vulnerabilidad que ya venían tocándose en la región, pero los trajo al primer plano por lo que las agencias encargadas de derechos humanos han tenido que actuar con rapidez para evidenciar las obligaciones de los estados.

«La pandemia tomó por asalto al mundo entero, pero el golpe fue más fuerte en las Américas», escribió en su cuenta de twitter.

«Algunos de los efectos más claros de la pandemia que han implicado y seguirán implicando que la situación de derechos humanos se siga deteriorando… La pandemia tomó por asalto al mundo entero, pero el golpe fue más fuerte en las Américas y la región ha superado recientemente la terrible marca de 1,5 millones de vidas perdidas por COVID-19», acotó Michelle Bachelet antes de adentrarse en otros puntos.

La resolución emitida por la CIDH toca el acceso a las vacunas como «bienes y servicios» de salud y apegados al principio de igualdad y no discriminación, también sobre el «derecho al acceso a la información, transparencia y combate contra la corrupción», en el proceso de compras y administración de los antídotos por parte de los países, así como la cooperación internacional para hacer frente al problemática, entre otros puntos.

Bachelet agregó que detrás de cada cifra que surge, a medida que se actualizan los recuentos, hay tragedias humanas y los grupos vulnerables son sin duda los más golpeados en todos los aspectos, desde el impacto mismo a las víctimas fatales, como los enfermos y las grandes mayorías que cargan con los costos sociales y económicos derivados de la crisis sanitaria.

El apartado V de la resolución hace especial referencia al tema del «derecho de acceso a la información, transparencia y combate contra la corrupción», para ello el foro eligió a Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para América Latina para adentrarse en el punto.

Guevara Rosas trazó sobre el mapa regional donde la organización ha seguido de cerca los casos de países del hemisferio occidental donde buena parte de estos ha cerrado contratos con las compañías farmacéuticas en entornos de secretismo, lo que preocupa por la eventual ventana a la corrupción y falta de transparencia que esto supone.

La CIDH subraya que los Estados están sujetos a la transparencia activa y que deben «divulgar proactivamente aquellos datos referidos a registros, estudios, planes de vacunación y en general la información relativa a la adquisición, importación y priorización en la aplicación de las vacunas».

Les recuerda a los gobiernos que la asignación de recursos públicos para la adquisición de las vacunas genera obligaciones en materia de acceso a la información y por lo tanto la ciudadanía debe estar informada, aparte de tener también información selectiva sobre las implicaciones de ser vacunado.

Para Erika Guevara Rosas el contexto mismo de la pandemia donde los estados se han arrogado facultades «muy discutidas en algunos casos» para hacer frente a la problemática sanitaria y ahora a la inmunización dejan claras luces de fallas en ese punto.

«Hoy día las personas en la región parecen estar atrapadas entre un virus que continúa su avance en muchas partes del continente, la sombra de la corrupción y la impunidad, algunas de las respuestas ineficaces de nuestros propios gobiernos, empresas farmacéuticas que se aprovechan y países ricos que están acaparando las dosis de vacunas», señaló Guevara Rosas.

La directora de Amnistía Internacional para las Américas dijo que desde el inicio de las campañas de vacunación en algunos países de la región se han activado las alarmas sobre la opacidad en las firma de contratos con las empresas encargadas de proveer las vacunas, como ante la falta de información detallada sobre las compras, y las vacunas mismas.

El impacto de la pandemia y la lenta aplicación de vacunas en los países latinoamericanos, más la aguda crisis económica derivada de la situación sanitaria han creado las condiciones para un retraso de más de dos décadas en los avances en combate a la pobreza, la desigualdad y por ende la vulneración de derechos humanos.

Como invitado al foro para ahondar en el punto de la Resolución de la CIDH sobre la Cooperación Internacional estuvo Alberto Arenas, director de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien puso en perspectiva los números a partir de sus propios informes que muestran el gris panorama para el subcontinente americano.

«La crisis sanitaria no ha terminado y por tanto la crisis económica social continua en la región. América Latina y el Caribe han sido una de las regiones en desarrollo más afectadas, a pesar que solo el 8,4% de la población mundial vive en la región en ella se acumulan el 19% por ciento de los contagios a nivel mundial y el 29% de las muertes causadas por la enfermedad», explicó el funcionario.

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