Rusia prohíbe actividad política electoral de supuestos «extremistas»

INTERNACIONAL

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Presidente ruso, Vladímir Putin / Foto: Kremlin

Lectura: 5 minutos

El presidente Vladímir Putin avanzó un paso más, extremadamente peligroso, en el propósito de frenar cualquier intento opositor en términos políticos y electorales. A Putin no le alcanza con encarcelar a los políticos enfrentados con su gobierno, limitar al máximo la libertad de prensa y fortalecer un autocrático sistema que recibe críticas en toda la comunidad internacional.

Ahora ha decidido aplicar una ley, para impedir la actividad política de supuestos «extremistas» dedicada sin duda al movimiento del opositor Alexéi Navalny, encarcelado bajo acusaciones falsas, aprobada esta semana por el Senado y la Cámara Baja de manera unánime en ambos casos.

Los fundadores y responsables de esas organizaciones «extremistas o terroristas» no podrán ser elegidos durante cinco años desde la entrada en vigor del fallo judicial sobre la liquidación o prohibición de esas estructuras, plazo que en el caso de los empleados y miembros será de tres años.

Además, la medida es retroactiva, motivo por lo que fue rechazada en la Duma por la oposición comunista y fue considerada «anticonstitucional» por los partidarios de Navalny.

«En Rusia se ha adoptado una ley que reconoce como cómplices de extremismo todos aquellos que estén vinculados, de alguna forma, con Navalny. Esta ley apesta a fascismo», dijo en Twitter Iliá Yashin, aliado del líder opositor.

Serán vetados los que ejercieron un cargo de responsabilidad en organizaciones declaradas extremistas por un juez tres años antes del fallo y los miembros, un año antes.

También pueden ser vetados aquellos que apoyen esas organizaciones, ya sea mediante donaciones, asesoramientos o declaraciones de respaldo en Internet. Un simple «me gusta» en las redes sociales puede ser motivo de rechazo de la candidatura.

Según los colaboradores de Navalny, la ley podría afectar a más de 200.000 personas que trabajaron o colaboraron con sus organizaciones.

El 9 de junio comienza el juicio que podría declarar extremistas las organizaciones sin ánimo de lucro fundadas por Navalny: Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos (FZPG) y la red de oficinas del movimiento del líder opositor.

Sin embargo, la norma no se aplicará a las elecciones que ya hayan sido convocadas antes de su entrada en vigor. Es decir, no afectará a las legislativas de septiembre.

La oposición ha acusado al Kremlin de lanzar una campaña de «persecución judicial» y «purga política» de cara a las elecciones a la Duma, que comenzó con el envenenamiento de Navalny en agosto de 2020.

Esta semana fueron detenidos dos conocidos opositores, entre ellos Dmitri Gudkov, que planeaba presentar su candidatura como cabeza de lista del partido liberal Yábloko, aunque fue liberado anoche sin cargos tras 48 horas en prisión.

Pese a las acusaciones de corrupción y abuso de poder, Putin apoyó esta semana al partido del Kremlin, Rusia Unida, por su aportación «productiva» al desarrollo social y económico del país, y por poner «en el primer plano los intereses de la gente».

Según los sondeos, la intención de voto de Rusia Unida está por debajo del 30 % en Rusia y ronda el 15 % en Moscú, donde Navalny cuenta con muchos partidarios, a poco más de tres meses de las elecciones legislativas de septiembre.

La justicia rusa comenzó a examinar el lunes una demanda de la fiscalía para calificar de «extremistas» a las organizaciones del opositor encarcelado Alexéi Navalny, en un proceso destinado a ilegalizar al movimiento, según sus partidarios.

En la primera audiencia, que se realizó a puertas cerradas en el tribunal municipal de Moscú, se produce un día antes de la primera lectura en la Duma, cámara baja del Parlamento, de un proyecto de ley para prohibir que personas implicadas en organizaciones clasificadas como «extremistas» sean elegidas diputados.

La fiscalía rusa pidió a mediados de abril la clasificación de varias organizaciones vinculadas a Navalny de «extremistas», lo que puede acarrear fuertes penas de cárcel a los colaboradores y partidarios del opositor.

Navalny, que hizo una huelga de hambre de tres semanas en abril, se encuentra en la cárcel desde enero.

Esa demanda tiene en la mira el Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), de Navalny, conocido por sus investigaciones sobre el tren de vida y las malversaciones de las élites rusas, y las oficinas regionales del opositor, que se ocupan en particular de organizar manifestaciones de apoyo o actividades preelectorales.

La fiscalía acusa a las organizaciones de Navalny de «crear las condiciones de desestabilización de la situación social y sociopolítica» en Rusia, bajo «cubierto de eslóganes liberales».

Otro artículo de interés: Rusia sigue expulsando diplomáticos extranjeros de Moscú

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