Grave conflicto entre Alemania y régimen de Nicaragua

INTERNACIONAL

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Delegada del Gobierno Alemán para los Derechos Humanos, Bärbel Kofler / Foto: UN Geneva

Lectura: 5 minutos

«Condenamos el aumento de la represión en Nicaragua», dijo el 9 de julio la Delegada del Gobierno Alemán para los Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, Bärbel Kofler.

«En particular, Alemania condena las detenciones arbitrarias», insistió Kofler, la más alta funcionaria del Gobierno de Angela Merkel que ha condenado el régimen de Nicaragua. Según la política, «Managua se aísla cada vez más a nivel internacional» e insiste en que Alemania espera «la liberación inmediata de todos los presos políticos y el regreso al Estado de Derecho».

Más adelante, Alemania le recuerda al régimen de Daniel Ortega «su obligación internacional de respetar los derechos humanos universales».

«Desde el 2 de junio, se ha producido una oleada de detenciones de varios políticos destacados de la oposición (entre ellos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Dora María Téllez, Félix Maradiaga, Medardo Mairena), 26 personas hasta la fecha, entre ellas seis posibles precandidatos presidenciales para las elecciones de noviembre, así como la represión contra ONG críticas con el gobierno, periodistas, dirigentes estudiantiles y asociaciones del sector privado», explica Bärbel Kofler en su declaración publicada en la página del Ministerio Federal de Exteriores de Berlín.

Los últimos ataques se producen tras varias leyes aprobadas a finales del año pasado por la mayoría sandinista en el parlamento, se han ejecutado «con el objetivo de restringir las actividades de la oposición, como la ley que regula a los agentes extranjeros (“Ley Putin”), la ley especial contra la ciberdelincuencia y, sobre todo, la “Ley de Defensa del Pueblo” (llamada “Ley Guillotina”)».

Asimismo, «se abusa de la ley guillotina para excluir a todos los candidatos con posibilidades de ganar en las próximas elecciones a voluntad y para determinar los propios contendores», agrega la Delegada del Gobierno Alemán para los Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria.

Por último, Alemania es consciente de que «hace años que en Nicaragua no existe una separación de poderes que funcione», y concluye que «el cambio democrático esperado en las elecciones de noviembre de 2021 ya no parece concebible».

El Parlamento Europeo aprobó a su vez un día antes una resolución que «condena enérgicamente todas las acciones represivas» del gobierno de Nicaragua y pide ampliar la lista de personas y organismos a ser sancionados, incluidos el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

La resolución, aprobada por 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones, demandó también la «libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos», incluidos seis aspirantes presidenciales y otros 20 opositores detenidos a cuatro meses de las elecciones del 7 de noviembre.

El texto solicitó «al Consejo ya los Estados miembros que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que serán sancionadas, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo íntimo, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense».

Sobre la situación de los seis aspirantes presidenciales arrestados, la resolución exigió «que el gobierno proporcione de inmediato pruebas de que los detenidos siguen vivos y prueba de su paradero» y que garantice «el respeto de sus garantías jurídicas fundamentales, sus derechos humanos y sus derechos civiles y políticos».

Los familiares de la mayoría de los 26 detenidos desde mayo ignoran dónde y cómo están, ya que el gobierno ha rechazado el ingreso de sus abogados y denegado los recursos de exhibición personal. Según la oposición, hay más de 120 opositores detenidos desde 2018.

La Eurocámara llamó además a Ortega a «levantar el estado de sitio de facto, respetar el rol de la Policía Nacional como fuerza apolítica, apartidista y no deliberativa, (y) desarmar a las fuerzas paramilitares», mientras condenó «la adopción y aplicación de leyes restrictivas y punitivas» y pidió «su derogación inmediata».

Tras recordar que «Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos», los eurodiputados pidieron también activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, lo que enciende las alertas sobre la participación futura del país en dicho tratado.

Tras la sesión realizada en Bruselas, dos organismos humanitarios nicaragüenses y una de víctimas expresaron su satisfacción con el texto aprobado.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una ONG emblemática en la defensa de las garantías fundamentales que fue clausurada por Ortega en 2018, destacó que la resolución hizo ver la «persecución del régimen» de Ortega «contra las organizaciones defensoras» en Nicaragua.

Por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recibió «con profunda satisfacción la aprobación de la resolución del Parlamento Europeo», dijo por su parte el defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce, en un audio grabado.

El activista, exiliado en Costa Rica por amenazas, destacó que la resolución establece «una serie de medidas dirigidas a incrementar la presión sobre el gobierno nicaragüense, señalado de cometer gravísimas violaciones a los derechos humanos».

También la Organización de Víctimas de Abril (OVA) agradeció al Parlamento Europeo y sostuvo que «la hora de la libertad, de la verdad y la justicia para las víctimas está cada vez más cerca. Esta victoria es del pueblo nicaragüense. Se van», agregó.

Otro artículo de interés: Reclamo europeo por presos políticos en Nicaragua

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