Nueva disculpa del grupo terrorista ETA por asesinatos en España

ESPAÑA

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Líder del partido EH Bildu, brazo político de ETA, Arnaldo Otegi / Foto: Sinn Féin

Lectura: 7 minutos

El líder de EH Bildu, el brazo político de ETA, Arnaldo Otegi, dijo sentir «pesar y dolor por el sufrimiento padecido» por las víctimas de la banda terrorista, en episodios que «nunca debieron haberse producido», en declaraciones a la prensa el lunes.

Otegi y otros dirigentes independentistas vascos hicieron pública una declaración «solemne» con motivo del décimo aniversario del fin de la violencia de ETA, para ofrecer un mensaje específicamente dirigido a las víctimas de la organización terrorista, que en sus más de cincuenta años de historia asesinó a 858 personas.

«Queremos trasladar nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo», sostiene la declaración.

Otegi añadió que «desgraciadamente, el pasado no tiene remedio», por lo que nada de lo que digan «puede deshacer el daño causado».

«Pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos a ello», añadió el politico independentista vasco.

ETA surgió en una fecha no determinada entre los años 1958 y 1959, en plena dictadura de Francisco Franco, como organización socialista revolucionaria de liberación nacional, aunque con el tiempo se impuso el componente nacionalista e independentista y el uso sistemático de la violencia.

Los terroristas gozaron de impunidad en Francia durante el gobierno del presidente socialista Francois Miterrand (1981/95 dos períodos) por falta de acuerdo con España en temas de investigación y extradición de delincuentes, lapso que se extendió incluso hasta la primera década del siglo XXI.

Fruto de su actividad terrorista, según el ministerio español del Interior, fueron asesinadas 858 personas.

ETA dejó de cometer atentados y asesinatos hace diez años. En 2011 se llegaron a cifrar en 377 sus crímenes sin resolver. Diez años después se ha logrado esclarecer una decena de ellos, dieciséis según la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), ninguno con la ayuda de miembros de la banda terrorista.

El arrepentimiento no es novedoso, antes también manifestaron condolencias a traves de distintos jefes terroristas.

En 2018 reconoció uno de los atentados más sangrientos de su historia tras negarlo durante cuatro décadas, la explosión de una bomba en una cafetería de Madrid que dejó 13 muertos en 1974.

En «Zutabe», una suerte de boletín interno del grupo, reconoce haber matado a 758 personas, varias decenas menos que las que le atribuyen las autoridades españolas y las asociaciones de víctimas del terrorismo, así como la organización y ejecución de 2.604 acciones armadas.

El documento está fechado un mes antes de la disolución de ETA y fue difundido por el diario vasco Gara, de perfil independentista. Además del atentado de la calle Correo, como se conoce el que terminó con la vida de 13 personas en 1974 en pleno centro de la capital española, el grupo terrorista vasco reconoce también por primera vez la muerte de tres personas en Tolosa en 1981, que fueron confundidas con policías, según argumenta.

En aquel boletín también calificaba el atentado de Hipercor, que mató a 21 personas en un centro comercial de Barcelona, como el «mayor error y desgracia» de su historia, aunque argumenta que «los responsables policiales y gubernamentales tomaron la decisión de no desalojar el edificio» tras el aviso de bomba.

ETA asumió que cometió 365 atentados contra la Guardia Civil y mató a 186 efectivos; que en 215 acciones contra cuerpos policiales españoles murieron 139 agentes, y que en 147 acciones contra el Ejército español fallecieron 101 militares.

El grupo separatista vasco, nacido en los años 60, anunció el cese definitivo de la violencia en octubre de 2011 y, tras varios intentos frustrados de negociar una solución pactada con el Estado español a la situación de sus presos, se disolvió el pasado mes de mayo de 2018.

Las autoridades españolas y las víctimas llevan años pidiendo a la banda que ayude a esclarecer los asesinatos que continúan impunes.

Un aporte inesperado surgió el pasado mes de septiembre.

El exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como «el Pollo» Carvajal, se comprometió a aportar documentación para corroborar sus afirmaciones tras declarar en Madrid como testigo sobre asuntos que dice conocer como antiguo jefe de Contrainteligencia Militar de Venezuela y que serían de interés para España.

Ante la Audiencia Nacional española, el tribunal que juzga los delitos más graves, como los de terrorismo, Carvajal habría hecho un relato «interesante», según su abogada, Dolores de Argüelles, quien declinó dar detalles al estar la causa bajo secreto. Según fuentes jurídicas consultadas por la agencia española Efe, el exgeneral se habría comprometido a aportar documentación al juzgado sobre los temas que incluyó en su declaración.

Carvajal declaró dentro de unas diligencias previas que abrió la Audiencia Nacional cuando fue detenido por primera vez en España tras entrar con un pasaporte falso. Entonces pidió declarar voluntariamente sobre asuntos de terrorismo internacional como ETA y las FARC y manifestó su preocupación por las relaciones del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y el grupo terrorista libanés Hezbolá.

Sin embargo, en aquella ocasión decidió finalmente no declarar alegando que había cambiado de abogado y que su nuevo letrado necesitaba instruirse sobre los motivos por los que Estados Unidos reclamaba su extradición antes de decidir sobre la conveniencia de prestar una nueva declaración. Carvajal sigue con su estrategia para evitar ser extraditado a Estados Unidos, una decisión que la Audiencia Nacional ha paralizado a la espera de resolver sobre su petición de asilo.

El Tribunal Supremo, sin embargo, ha rechazado suspender de urgencia el acuerdo del Gobierno español que dio luz verde a la extradición. La defensa del exgeneral chavista pidió ante el alto tribunal medidas cautelares en busca de suspender la ejecutividad del acuerdo de extradición alcanzado en marzo de 2020.

El Ministerio del Interior de España ya había denegado en 2019 una petición de asilo de Carvajal, pero entonces no se le pudo notificar porque se desconocía su paradero, por lo que la pasada semana se le comunicó la decisión en la cárcel de Madrid en la que ingresó tras su detención hace dos semanas (la misma en la que estuvo entre abril y septiembre de 2019).

Eso supone, según explicó la abogada de Carvajal a los periodistas, que cabe recurso ante el Ministerior del Interior y si este lo vuelve a denegar, puede recurrir por vía contencioso-administrativa, de acuerdo a la Ley de Asilo, para frenar la extradición.

Carvajal está reclamado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en territorio estadounidense.

Otro artículo de interés: Justicia de Francia absuelve jefe terrorista de ETA Josu Ternera

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