Talibanes acusados de asesinar opositores en Afganistán

INTERNACIONAL

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Foto: 李 季霖

Lectura: 4 minutos

«Entre agosto y noviembre recibimos denuncias creíbles de más de 100 ejecuciones de exmiembros de las fuerzas de seguridad nacionales afganas y otras personas asociadas al antiguo Gobierno, de las cuales al menos 72 fueron atribuidas a los talibanes», declaró la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

«Estoy alarmada por las persistentes informaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en todo el país, a pesar de la amnistía general anunciada por los talibanes después del 15 de agosto», añadió. «En varios casos se expusieron los cuerpos en público, lo que aumentó el miedo entre una parte importante de la población», afirmó Al Nashif.

«Solo en la provincia de Nangarjar, parece haber habido, por lo menos, 50 ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de pertenecer al Estado Islámico del Khorasan (EI-K)», indicó.

Estados Unidos y sus aliados occidentales ya afirmaron a principios de diciembre estar «preocupados» por las «ejecuciones sumarísimas» de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad afganas por el régimen talibán (según revelaron organizaciones de defensa de los Derechos Humanos), y pidieron abrir una rápida investigación.

Human Rights Watch publicó un informe donde afirma documentar «asesinatos o desapariciones de 47 antiguos miembros de las Fuerzas Nacionales de Seguridad afganas que se habían rendido o estaban detenidos por las fuerzas talibanas entre el 15 de agosto y el 31 de octubre».

Los talibanes rechazan estas acusaciones, que consideran «injustas»: «Hubo casos de muertos entre los antiguos miembros de las fuerzas de seguridad» del depuesto Gobierno, «pero por enemistades o problemas personales», explicó el portavoz del ministerio talibán de Interior, Qari Sayed Khosti.

Al Nashif también alertó sobre el sufrimiento del pueblo afgano, que según las Naciones Unidas se enfrenta a una de las peores catástrofes humanitarias del mundo. Subrayando que la crisis «se ve agravada por el impacto de las sanciones y la congelación de los activos del estado», advirtió a la comunidad internacional que sus «opciones políticas son una cuestión de vida o muerte» para los afganos.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha ayudado a 15 millones de personas hasta ahora en 2021 en el país, de los cuales 7 millones sólo en noviembre (frente a 4 millones en septiembre). El martes anunció que acelerará sus operaciones para ayudar «a más de 23 millones de personas que padecen hambre grave» en Afganistán, debido a los efectos combinados de la sequía debido al calentamiento global y la parálisis económica.

La economía del país se ha estancado desde la llegada al poder de los fundamentalistas, que llevó a la comunidad internacional a congelar la ayuda en la que se basaba el país. «Afganistán se enfrenta a una situación de hambre y miseria como nunca vi en más de veinte años que trabajo para el PMA», afirmó la responsable de la agencia en el país, Mary Ellen McGroarty.

Los talibanes negaron el domingo haber cometido asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad afganas tras su retorno al poder, como señalaron Estados Unidos, otros países occidentales y organizaciones de defensa de los derechos humanos el día anterior.

«Hubo casos de asesinatos de exmiembros de las fuerzas de seguridad» del gobierno derrocado durante el verano pasado, «pero a causa de rivalidades o enemistades personales», afirmó el portavoz del ministerio del Interior del gobierno talibán, Qari Sayed Khosti, en un video enviado a la prensa.

«Si disponen de documentos y pruebas, deberían mostrárlo», agregó, a la vez que consideró «injusto» acusar a los talibanes de estos asesinatos.

El sábado, Estados Unidos y otros 20 países, entre ellos Reino Unido y Japón, al igual que la Unión Europea (UE), manifestaron estar «profundamente preocupados» por las «ejecuciones sumarias» de exmiembros de las fuerzas de seguridad por parte del régimen talibán, las cuales fueron reveladas por organizaciones de defensa de los derechos humanos, y solicitaron abrir investigaciones de inmediato.

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) publicó un informe que documenta «que 47 exmiembros de las fuerzas nacionales de seguridad afganas, que se rindieron o se encontraban detenidos por los talibanes, desaparecieron entre el 15 de agosto y el 31 de octubre».

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