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El elevado número de trabajadores que renunciaron voluntariamente a sus tareas provocó asombro en el mercado laboral de Estados Unidos, más de cuatro millones solo en noviembre.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) anunció que trabaja por acelerar el proceso de visado H-2B para trabajadores extranjeros temporales no agrícolas, al parecer bajo la luz amarilla encendida por el grueso número de vacantes.

La cantidad de estadounidenses que renunció voluntariamente a sus trabajos aumentó a una cifra récord de 4,5 millones en noviembre, una muestra de confianza en el mercado laboral que ofrece en otras actividades salarios más altos.

La mayoría de las 370.000 renuncias reportadas por el Departamento de Trabajo el martes fueron de las industrias de alojamiento y alimentación.

También se produjeron aumentos en las cifras de renuncias en las industrias de asistencia sanitaria y social, así como en la del transporte y almacenamiento.

Todas las regiones de EE. UU. reportaron un aumento en el número de personas que renuncian a sus trabajos.

Abrir la frontera fue un anuncio bien recibido por los mercados, sin embargo expertos consultados por la Voz de América ─aunque celebraron la medida─ han señalado la necesidad de contar con una mayor protección por parte de los empleadores.

«Lo importante en esto es que se recalca la manera en la cual se puede hacer llegar más rápidamente las visas a personas que viven en Centroamérica, la adhesión de Haití es muy importante, pero sigue prevaleciendo en este caso el apunte o la dirección para personas de Guatemala, Salvador y Honduras», señaló Ariel Ruiz, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI), con sede en Washington DC.

El pasado 20 de diciembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un aumento de 6.000 visas en la categoría H-2B para estos cuatro países. La noticia se alinea con la política migratoria del presidente Joe Biden, quien la usó como punta de lanza de su campaña electoral y la ha defendido ante las críticas de sus opositores republicanos.

Seguridad Nacional recalcó en su declaración que por primera vez complementará el límite H-2B con visas adicionales en la primera mitad del año fiscal 2022.

La estrategia de la Casa Blanca es desplegada precisamente cuando el Departamento de Trabajo ha emitido un informe que indica que los trabajadores estadounidenses continúan abandonando sus puestos laborales, ahora en una cifra récord de 4,5 millones de puestos, buscando mejoras en salario y beneficios.

El anuncio de USAID recalca que su gestión con los gobiernos de Centroamérica está empujada por la necesidad de «aumentar las oportunidades para cubrir empleos temporales legalmente en Estados Unidos, y servirán de apoyo a la recuperación económica estadounidense».

Las interrogantes surgen también al cotejar los datos del DHS, que hasta agosto de 2021 indicaban que al menos 1,5 millones de inmigrantes irregulares habían sido interceptados en la frontera sur, desde octubre de 2020.

«6.500 visas dan un mensaje de oportunidad para esas personas que están buscando migrar a Estados Unidos y lo quieren hacer de una manera legal y así reducir el peligro si lo hicieran de manera irregular», señaló Ruiz en su análisis.

Daniella Burgi-Palomino es codirectora del Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG), una institución con sede en Washington DC en entrevista con la VOA insistió en los pasos concretos que debe dar la Casa Blanca para que no se repitan «los problemas que han tenido estas visas en años anteriores».

«Si no se resuelve de la manera en que estas visas han causado violaciones de los derechos humanos, específicamente los derechos laborales de los trabajadores realmente no van a contribuir o beneficiar a las personas de la manera en que se espera», afirmó.

La analista citó denuncias de violaciones a los derechos de los trabajadores beneficiados con las visas H-2B, así como informes de una de las organizaciones asociadas a LAWG, el Centro de los Derechos del Migrante (CDM) con sede en México y EE. UU.

En julio de 2020, por ejemplo, el CDM emitió una declaración en la que daba cuenta de que junto a una firma de abogados representaría a cinco trabajadores mexicanos que alegaron sentirse perjudicados por constructora Precision 2000, con sede en Atlanta, Georgia, debido a cobro excesivo del precio de la renta de vivienda, hacinamiento en el lugar de alojamiento y otras.

«Las y los trabajadores con visas H-2B a menudo viven en viviendas de calidad inferior facilitadas por su empleador, enfrentan amenazas de deportación y carecen de libertad para moverse. Cuando hablan, a menudo enfrentan represalias con poco apoyo para defenderse: las y los trabajadores H-2B generalmente no pueden acceder a servicios legales financiados por el gobierno federal», dijo entonces Ben Botts, Director Legal del CDM.

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