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El régimen autoritario y dictatorial nicaragüense consiguió condenar a la opositora Cristiana Chamorro, hija de Violeta, la mujer que ganó las elecciones en 1990 precisamente al actual presidente Ortega.

Cristiana Chamorro, la opositora y exaspirante a la presidencia de Nicaragua, fue declarada culpable el viernes de delitos imputados por el gobierno de Daniel Ortega, que le impidieron competir el año pasado como favorita contra la reelección del mandatario.

En el juicio, también fueron sentenciados su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

Cristiana Chamorro, de 68 años, es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y está bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021. Además se perfilaba como favorita en las encuestas para enfrentar a Ortega en los comicios de noviembre del año pasado.

«Quieren manchar mi nombre, pero no lo van a conseguir, pero jamás van a conseguir manchar el nombre de mi padre, ni de mi madre, porque soy inocente», dijo la opositora al finalizar el juicio, según consignó el portal de internet 100% Noticias, crítico del gobierno.

La fiscalía pidió una pena de hasta 13 años para Chamorro y los trabajadores de la FVBCH, Walter Gómez y Marcos Fletes, encontrados culpables de gestión abusiva, apropiación y retención indebida, falsedad ideológica y lavado de bienes y activos.

En tanto, solicitó una condena de hasta nueve años para el hermano de Chamorro, Pedro Joaquín, al que le eximieron del cargo de lavado de bienes y activos.

También se pide siete años para su chofer Pedro Vásquez como «colaborador necesario» en el delito de lavado de dinero.

La sentencia se produjo tras un juicio de siete días, sin acceso a la prensa ni al público, celebrado en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la policía en Managua, conocida como El Chipote.

Estados Unidos sancionó a nueve funcionarios del régimen de Daniel Ortega al incluirlos en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos por los juicios contra los opositores y socavar las instituciones o procesos democráticos en Nicaragua.

El Departamento de Estado manifestó «profunda consternación por la injusticia y la falta de transparencia» con que se llevan a cabo los juicios contra presos políticos en el país centroamericano y ratificó su compromiso de apoyar al pueblo nicaragüense combatiendo la corrupción y promoviendo la democracia.

«A fin de promover este objetivo prioritario, hoy agregamos a nueve personas nicaragüenses a la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos de Estados Unidos (…). El efecto general de la ley es que las personas incluidas en las listas no resultan elegibles para obtener visas y ser admitidas en Estados Unidos», detalló.

Los sancionados son Cairo Melvin Amador, vicepresidente en funciones del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Ignacio Campbell Hooker, miembro actual del CSE y presidente interino del CSE desde 2018 hasta mayo de 2021, y Brenda Isabel Rocha Chacón, presidenta en funciones del CSE, «por conspirar con el régimen de Ortega-Rosario Murillo para debilitar a las instituciones políticas de Nicaragua y subvertir la elección nacional de noviembre de 2021 inhabilitando a partidos y candidatos opositores legítimos por razones infundadas».

En la lista también está Edwin Ramón Castro Rivera, miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua desde 1997 y jefe de la bancada parlamentaria del FSLN desde 2007, por asegurar que actores leales al régimen de Ortega-Murillo obtuvieran todos los cargos correspondientes a jueces en el CSE y por asegurar la aprobación de leyes extremadamente amplias que el régimen utilizó para excluir a candidatos y partidos opositores, y para hostigar y encarcelar a oponentes políticos.

Karen Vanessa Chavarría Morales, actual jueza del distrito noveno de Managua, fue sancionada por el ejercicio «abusivo de su autoridad» y por subvertir procesos legales para actuar contra opositores políticos del régimen e inhabilitar a candidatos opositores con el fin de impedirles participar en la elección de noviembre de 2021.

Los diputados Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado, Carlos Wilfredo Navarro Moreira y Gustavo Eduardo Porras Cortes, actual presidente de la Asamblea Nacional, fueron sancionados por proporcionar al régimen las herramientas para llevar a cabo su «temerario ataque a la democracia al colmar el CSE con miembros del FSLN leales a Ortega».

Mientras que la diputada María Haydée Osuna Ruíz fue señalada de conspirar con el régimen de Ortega-Murillo para subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 en Nicaragua firmando una «queja infundada que sirvió como pretexto para que el gobierno inhabilitara al último partido opositor legítimos restante y forzara a su líder a exiliarse».

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