OPINIÓN

Por Antonio Calabrese, abogado constitucionalista, historiador, político. Columnista de LaCity.com.ar.

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4.-La coparticipación(III)
Este último autor (Martín Loustau) en un párrafo muy claro define al sistema y dice: «Así, la crítica a la falta de razonabilidad en la distribución secundaria se modera en gran medida al adoptar una visión integral de las transferencias hacia los gobiernos subnacionales. Podría decirse que el sistema político ha compensado al menos en forma parcial una discrecionalidad original con nuevas discrecionalidades. En otras palabras, puede ser complejo pero no irracional».

Como producto de estos diversos acuerdos la coparticipación original queda incrementada por distintos conceptos, por ejemplo: a) transferencias de distribución automática (vg: el subsidio al gas, el fondo nacional del tabaco); b) transferencias determinadas por leyes y acuerdos fiscales; c) transferencias en concepto de programas nacionales; d) Aportes del Tesoro Nacional; e) el gasto tributario que incluye los regímenes de promoción industrial.

En el caso de CABA faltaría prever lo que hoy está en litigio, el importe de la transferencia del servicio de policía, que ambas partes evalúan de distinta manera; asimismo se efectuaron transferencias corrientes al servicio de Ferrocarriles Metropolitanos y a los subterráneos de Buenos Aires que actualmente se rige por la ley de la ciudad 4472 y sus modificatorias, en cuyo artículo 37 inc. 2 mantiene a la ley 23.514 que crea el Fondo Permanente para la Ampliación de la Red con fondos nacionales en proporción a los destinados por CABA, al menos hasta el 2019.

En definitiva, en el año 2002, por ejemplo, por las acrecidas mencionadas CABA recibía sobre el 1,4 % original, el 6,1% lo que daba un total del 7,5% y la Provincia de Buenos Aires del 21,5 % el 3,1% recibiendo en total el 24,6%.

Los criterios de racionalidad en el porcentaje final que recibe cada distrito se determinó en forma variable según las cuestiones, por ejemplo en el caso de CABA y Provincia de Buenos Aires que tenían un porcentaje relativamente bajo de distribución secundaria de acuerdo a su recaudación era compensado, entre otras cosas, con la distribución de los recursos previsionales como hemos dicho.

Ha sido tal el efecto de las 163 modificaciones recibidas que muy pocas provincias quedan a la fecha con el coeficiente original. Ya en el año 2003, hace casi 20 años, eran solo tres.

La marcada y significativa desigualdad en la recaudación y distribución de los recursos en las distintas jurisdicciones hace difícil determinar un sistema justo como no sea consensuado, pues no hay índice alguno que pueda igualar a los 24 distritos.

Para tener una idea en el año 2000/1 la recaudación por «Ganancias» de CABA fue del 51,1 % del total y de la Provincia de Buenos Aires del 23,3 %, el resto de las jurisdicciones salvo Santa Fe y Córdoba (6,5%), Mendoza (1,9 %), Entre Ríos (1,2 %) y Tucumán (1,1 %), quedaron sin llegar al 1 % cada uno de los 17 distritos restantes.

Lo mismo ocurre con el «IVA» para idéntico período, donde CABA recaudó el 56,7 % del total y Buenos Aires el 15,9 %; San Luis el 1,2%; Santa Fe 7,4 % Córdoba 6,7 %; Mendoza 2,1 %; Entre Ríos 1,4 % y Tucumán 1,1 %, pero las otras 15 jurisdicciones no alcanzan a superar el 1 % en cada caso.

Estas grandes diferencias deben llevar a la moderación de los reclamos de la dirigencia del interior del país.

5.- Conclusión:
Obviamente es necesario un sistema inclusivo y solidario que considere, las características y necesidades básicas de cada distrito, debiendo tener cada uno de estos la obligación de mejorar su performance, tal vez con un sistemas de premios y castigos en la recepción de los aportes de origen nacional de acuerdo, tal vez, a un plan estratégico necesario.

Mientras ello no ocurra, cualquier modificación al sistema actual por mínima que sea provocaría una catarata de desencuentros incrementando las desigualdades.

De allí que tanto los reclamos de algunos gobernadores porque sus habitantes pagan más que en CABA o Provincia de Buenos Aires algunos servicios (Luz, Gas, Transporte) debe medirse con las condiciones de su distrito y no solo por el aporte de la totalidad, sino al de ellos mismos, con sus recursos propios, que seguramente es diferente a las dos mega jurisdicciones cuestionadas.

También parece desproporcionado compensar el traslado de los servicios de la Nación a las provincias o a CABA, con puntos de la coparticipación, puesto que esto debiera hacerse por una suma equivalente al costo de los mismos a esa fecha, dado que la cesión de puntos coparticipables, por más que los mismos correspondan en la distribución primaria de la Nación, esta no puede disponerlos por sí misma en detrimento de las otras para beneficiar o compensar a algunas o solo a una.

Ello sin perjuicio de que se efectúe por ley, salvo que esta fuera una de las llamadas «ley convenio» con diferente procedimiento (acuerdo entre la Nación y las provincias según la Constitución Nacional en el art.75 inc.2).

Esto es razonable además, porque la coparticipación puede variar por distintos motivos (aumento de la recaudación, creación de nuevos impuestos, modificación de alícuotas, etc.) que el costo de un servicio (que dependerá de los aciertos de la gestión y las modificaciones de los presupuestos de seguridad de cada uno de los distritos según sus necesidades).

Debe interpretarse que la mención «reasignación de recursos» en el artículo 75 inc.2 de la Constitución Nacional, en la transferencia de servicios de la nación a las provincias simplemente como a lo que ascendía el costo de ellos mientras eran cumplidos por la nación. Sera facultad de las provincias ampliarlos o reducirlos con sus propios presupuestos.

También parece que quitar los subsidios solo a las líneas urbanas de CABA dejando los mismos solo para las interurbanas, por mezquinos intereses partidarios electoralistas circunstanciales e ideológicos, más allá de la desigualdad de las tarifas entre unas y otras para su circulación en la Capital Federal y del encarecimiento del transporte a quienes usan interconexiones, parece un despropósito porque alteraran al esquema coparticipable existente, establecido como se vio, dificultosamente, por múltiples acuerdos y diferentes conceptos.

Otro artículo escrito por Antonio Calabrese: La lucha por los subsidios al transporte (II)