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La monarquía parlamentaria es el sistema que eligieron los belgas para la conformación institucional del país. Sin modificaciones de fondo ─por ahora─ algo se intuye debajo del sistema que parece sólido, a la luz de un audaz plan de las autoridades para consultar a la población sobre temas de relevancia política, económica y social.

El gobierno belga está conformado por una coalición de liberales, socialistas, ecologistas y democristianos que mantiene un equilibrio razonable después de haber llegado al acuerdo entre todas las partes.

La consulta está dirigida a obtener la respuesta ciudadana en temas como la protección de nuevos derechos, el acceso a la electricidad o los idiomas que deberían utilizar las autoridades, contenida en una plataforma denominada «un país para mañana» (unpayspourdemain.be).

Todos los mayores de 16 años están habilitados para cursar la opinión que contenga respuesta a las consultas de la plataforma, en este país de 11,5 millones de habitantes.

La consulta se extiende hasta el 5 de junio, luego el gobierno elevará un informe al Parlamento y al Senado con el propósito de avanzar en una eventual reforma del Estado.

El procedimiento es inedito, a tal puto que nunca se avanzo en un escenario parecido en la historia de la Europa moderna.

La plataforma incluye seis áreas temáticas, desde la estructura del Estado, el papel del ciudadano en la vida política, el funcionamiento del Gobierno y el Parlamento, el reparto de competencias, los derechos fundamentales y la organización de elecciones.

Un inteligente método para acercar opciones a los ciudadanos aparecen como ejemplos reales pero con personajes ficticios, como Marcel, que busca conciliar su vida profesional y familiar; Cosmos, al que le gustaría dirigirse a la administración en inglés; o Rebecca, que vive en Bruselas y tiene dificultades para escolarizar a su hija en una enseñanza bilingüe francés y neerlandés, los dos idiomas mayoritarios del país.

La consulta de todas maneras deja fuera aspectos políticamente más delicados como la independencia de algún territorio o una eventual reforma de la estructura de monarquía parlamentaria del Estado.

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