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La higiene de las cuentas públicas no parece el objetivo del gobierno socialista español, motivo que ha generado la preocupación de las autoridades europeas de control, especialmente con la nueva propuesta de mejorar las pensiones y jubilaciones sin respaldo suficiente.

La Comisión Europea, a través de sus recomendaciones macroeconómicas sobre los Estados miembro, ha advertido a España por los altos niveles de deuda, tanto pública como privada y externa, en una situación en la que la tasa de desempleo se mantiene igualmente muy elevada.

Un documento oficial elaborado en Ginebra fue conocido por la prensa, donde sobresale la preocupación de la CE por la marcha de la economía del gobierno socialista de Pedro Sánchez.

El documento detalla que la pandemia del coronavirus detuvo seis años de fuerte crecimiento y de creación de empleo y que «el impacto económico de las medidas de confinamiento se vio amplificado por algunas características de la economía española».

Resalta «su dependencia del turismo y otros servicios, un tejido empresarial con predominio de las pequeñas y medianas empresas y un mercado de trabajo estructural con debilidades».

Aunque la recuperación económica de España está en marcha, según Bruselas, sigue habiendo «vulnerabilidades» que tienen «relevancia transfronteriza» y pide «una senda de consolidación fiscal creíble que ayude a reducir el déficit estructural a medio plazo y fijar un objetivo a largo».

Además, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, declaraba a la Cadena Ser este 23 de mayo que el plan de reforma de las pensiones aprobado por el Gobierno y que las vincula con el IPC no garantiza su sostenibilidad. «No hace milagros», aseguró y añadió que hablarían con Madrid respecto a este asunto.

En el terreno comunitario, La Comisión Europea ha propuesto mantener congeladas las reglas de control del déficit y de la deuda públicos durante 2023, un año más de lo previsto, debido a la crisis provocada por la guerra en Ucrania. La propuesta deberá ser aprobada por los países miembros.

Estas normas ya se encuentran en suspenso desde marzo de 2020 debido a la pandemia del coronavirus para dar margen presupuestario a los gobiernos y permitirles adoptar medidas de emergencia que traten de aliviar el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria. La idea, según la propuesta presentada en el llamado paquete de primavera del Semestre Europeo, es que vuelvan a entrar en vigor en 2024.

Bruselas había felicitado a España por su gestión de la crisis económica provocada por la pandemia y en diciembre de 2021 dio el visto bueno para entregar el primer pago de 10.000 millones de euros al entender que había cumplido con los objetivos correspondientes.

Von der Leyen envió posteriormente, en el mes de enero, una carta de felicitación a Pedro Sánchez por el cumplimiento del Plan de Recuperación y Resiliencia de España destacando su «calidad» y dando las gracias al Gobierno por la presentación del primer informe de progreso, por sus «fines de transparencia y rendición de cuentas» y por avanzar en otras reformas, como la laboral.

Sanchez avanzo, sin tener cuidado con el déficit fiscal que ahora ha levantado las alarmas en Ginebra.

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