ESPAÑA

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El mercado respondió de la peor manera al discurso populista del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, que gobierna en coalición con la extrema izquierda pro guerrilla etarra y dos partidos, vasco y catalán, que rechazan la monarquía y reivindican la separación de España.
Sánchez anunció una suba de impuestos a las grandes empresas, eléctricas y bancos, bajo el argumento de «castigar» la rentabilidad que obtuvieron en los años previos donde castigaba el COVID-19 a la población.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, mantuvo el viernes un encuentro con la banca para abordar el impuesto extraordinario que el Gobierno prevé aplicar a este sector.
Los mercados están también a la espera de los informes preliminares de julio, compuesto por servicios y manufacturas tanto de Europa como de EE. UU.
Asimismo, ya se ha conocido que la actividad de la zona euro se contrajo en julio por primera vez desde el confinamiento de principios de 2021, marcando su mínimo en 17 meses, por la debilidad de la demanda y la fuerte inflación, según el índice PMI de la actividad en la zona euro de S&P Global.
El Gobierno ha aprobado nuevas medidas para paliar los efectos de la espiral inflacionista para las familias, entre ellas un fondo de 221 millones de euros para el transporte, con los que se financiará a partir de septiembre la reducción del precio de los abonos y títulos multiviaje.
Ante la subida continuada de los combustibles y tras el descuento mínimo de 20 céntimos en la gasolina, el Gobierno pretende ahora fomentar el uso del transporte público.
La medida presenta varios problemas graves. No solo su aplicación será compleja, ya que no existe un único abono transporte para todos los territorios, sino que, además, genera un malestar comparativo y destapa una situación discriminatoria entre los ciudadanos.
La nueva medida del Gobierno de bonificar al 100% todos los abonos que dependan de la ferrovivaria Renfe ya se ha cobrado su primera víctima. El sector del autobús trabaja con sus departamentos jurídicos para emprender medidas legales ya que financiar al tren interferirá en el normal desarrollo de sus actividades.
Según la Confederación Española de Transporte en Autobús, la medida «privilegia a un modo de transporte frente al autobús, que es el transporte que más viajeros mueve y mayor número de poblaciones conecta diariamente en nuestro país».
En concreto, se calcula que en el cuarto trimestre del año las empresas de transporte colectivo por carretera podrían registrar un descenso de sus ventas de hasta el 30%, aunque en algunas rutas la cifra podría ser incluso mayor.
Una medida que llega tras dos años difíciles, sufriendo los efectos derivados de la crisis del coronavirus en los que el sector no ha logrado recuperar los niveles previos al estallido de la pandemia.
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