ARGENTINA

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Conmoción en la Argentina por la primera parte del enjuiciamiento a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de corrupción que la fiscalía entiende como la mayor de la historia del país.

El desarrollo de la fiscalía enlaza las presidencias de Nestor Kirchner (2003-07, falleció en 2010) y de su continuadora Cristina Kirchner con un empleado bancario ─Lázaro Báez─ que se hizo empresario y logró ganar todas las licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz donde gobernaron los Kirchner desde 1987 antes de conquistar la presidencia del país.

Tanto Nestor como Cristina y Báez se hicieron millonarios, pero la fortuna según sospecha la fiscalía pertenecía a los políticos en tanto el devenido empresario era solo el mascaron de proa.

Las pruebas que presentó la fiscalía son contundentes, claras, precisas y difícil de rebatir según los especialistas que fueron consultados por la prensa.

Tanto la expresidenta (2007-15 dos períodos) como sus primeras espadas incluido el presidente Alberto Fernández rechazan las imputaciones de la fiscalía y aluden a un supuesto «lawfare», una modalidad que también utilizaron otros líderes acusados de corrupción por la justicia como el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

El fiscal Diego Luciani solicitó una pena de 12 años de cárcel para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su periodo como presidenta, entre 2007 y 2015.

Además, reclamo asimismo la inhabilitación a perpetuidad para el desempeño de cargos públicos. Desde 2019, Fernández enfrenta un juicio por presuntos delitos de asociación ilícita y administración irregular de dinero público.

En el transcurso del juicio que comenzo en mayo de 2019 contra la actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, así como otros diputados kirchneristas, el lunes, durante su alegato final, el fiscal Diego Luciani solicitó al tribunal la condena a 12 años de cárcel con la inhabilitacion a perpetuidad para el desempeño de funciones en la Administración Pública.

Cristina Fernández está siendo juzgada por supuestos delitos de asociación ilícita y administración irregular de fondos públicos.

Concretamente, se están investigando supuesta corrupción en la concesión de 51 obras públicas a un empresario afín a la exmandataria en la provincia de Santa Cruz, su cuna política, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y la propia Fernández (2007-2015).

«Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de doce años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández de Kirchner no se enterara de nada en la soledad de su despacho», aseveró el fiscal en su alegato final.

Fenández de Kirchner, una abogada de 69 años, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que «en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas», según escribió en Twitter.

Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, dijo que la solicitud de la exmandataria busca asegurar su «derecho a una defensa legítima en juicio», pese a que la etapa indagatoria ya terminó.

«Los fiscales (Diego) Luciani y Mola están saliéndose del estado de derecho y construyendo un relato mediático para que la sociedad tenga un sentido común y crea que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de una asociación ilícita para direccionar la obra pública», declaró el abogado.

Anteriormente, Kirchner había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como el fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.

Para que la sentencia sea ejecutada tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad y podría ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.

Ahora, la defensa tiene 10 días hábiles para iniciar la exposición de su descargo para los 13 acusados, lo que puede demorar varios meses. Se estima que el veredicto se conocerá hacia fin de año.

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