ESPAÑA

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El Banco Central Europeo advirtió por el impacto adverso sobre la solvencia de los bancos que podría tener la propuesta de España de un impuesto a la banca.

En julio, la coalición de gobierno de izquierdas de España presentó un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados para crear un impuesto temporal sobre los bancos y las grandes empresas energéticas, con el objetivo de recaudar 3.000 millones de euros (3.000 millones de dólares) para 2024.

También sobre el mayor costo del crédito, en un dictamen no vinculante que publicará próximamente, dijeron dos fuentes con conocimiento directo del asunto.

«Se llamará la atención sobre la solvencia y sobre los riesgos para la transmisión de política monetaria, ya que unos impuestos más elevados pueden llevar a un encarecimiento de los préstamos», dijo una de las fuentes a Reuters bajo condición de anonimato.

No es inusual que el BCE emita una opinión sobre propuestas fiscales similares, como fue el caso del sector financiero de otros países de la zona del euro, como Lituania en 2019, cuando advirtió de las posibles consecuencias negativas para el sector.

Los dictámenes del banco central describen los riesgos de cualquier medida propuesta sobre el crédito o la estabilidad financiera.

Los Estados no están obligados a tener en cuenta estos dictámenes, pero en la mayoría de los casos acaban por modificar las propuestas cuando las advertencias son interpretadas como evaluaciones negativos.

Las advertencias formuladas por el BCE podrían dar al sector más peso para forzar una modificación del proyecto de ley, que se está debatiendo en el Congreso.

La justificación del Gobierno español, conducido por Pedro Sánchez, para imponer ese impuesto es la de ayudar a compensar el aumento del costo de la vida de los hogares vulnerables, en un momento en que los bancos ya se están beneficiando de la subida de los tipos de interés.

Sin embargo, los bancos han advertido del impacto negativo sobre el crédito y la economía en un momento en el que se avecina una recesión, ante la cual las entidades financieras podrían verse obligadas también a reservar más provisiones para sortear la crisis.

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