ESPAÑA

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Miles de policías protestaron este sábado en la capital de España contra una reforma que eliminaría la prohibición de difundir imágenes de agentes sin contar con autorización previa.

Las autoridades de Madrid estimaron en 4.000 el número de manifestantes reunidos frente al Congreso de los Diputados, donde un proyecto de ley de partidos de izquierda está siendo examinado para modificar un controversial texto de seguridad adoptado en 2015, cuando la derecha gobernaba el país.

Tras una pancarta en la que se podía leer «esta ley nos pone a todos en peligro», los sindicalistas marcharon en presencia de dirigentes del derechista Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, así como del partido de derecha Vox.

Bautizada por sus detractores como «ley mordaza», la ley de 2015 actualmente en debate castiga el «uso no autorizado» de imágenes de las fuerzas de seguridad «que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, las instalaciones protegidas o el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información».

Las multas pueden oscilar entre 600 y 10.400 euros. Pero a finales de 2020, un tribunal consideró que era «inconstitucional» exigir una autorización para usar imágenes de agentes del orden.

Esta decisión llevó a varios partidos de izquierda, aliados parlamentarios del gobierno del socialista Pedro Sánchez, a proponer una reforma del texto.

El pleno del Congreso avanzo en el 2021 con la reforma prometida y pendiente desde hace casi tres años de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley mordaza, con el debate y votación de la única enmienda a la totalidad presentada por el PP al texto que propone el PNV, respaldado por la mayoría.

Solo PP y Vox rechazaron en septiembre la toma en consideración de la proposición de los nacionalistas vascos para reformar la ley, que continuará su trámite tras el más que probable rechazo del veto del PP.

En su enmienda a la totalidad, el PP solicita que la norma no sufra cambios y que el gobierno informe cada seis meses del empleo de una ley que considera más vigente y útil que nunca, a pesar de que el Ministerio del Interior no informe de las sanciones que se imponen.

Fuentes parlamentarias de distintos partidos consultadas por la agencia EFE consideran que el debate supondrá una nueva activación de los trabajos de reforma de la ley, que estaban muy avanzados en 2019 pero que, sin embargo, quedaron inconclusos al disolverse el Parlamento por la convocatoria de las elecciones generales del 28 abril de ese año.

La iniciativa del PNV, que propone cambios en 44 preceptos de la ley vigente desde julio de 2015, encara así una nueva fase en la que los grupos han presentado enmiendas parciales que deberán trabajar en la ponencia.

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