INTERNACIONAL

Lectura: 7 minutos

La Fiscalía de EE. UU. imputó a dos personas por operar una comisaría ilegal de policía en el barrio chino de Manhattan bajo órdenes de la Policía Nacional China para acosar a nacionales críticos con el régimen de Pekín.

Asimismo, la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York ha acusado también a otros 34 supuestos agentes de policía chinos de dirigir una «campaña masiva» en los medios sociales con el objetivo de «amenazar a disidentes chinos, amplificar las divisiones entre los estadounidenses y minar la confianza» en el proceso democrático.

«En el corazón del bullicioso barrio chino, en el Bajo Manhattan, se escondía un oscuro secreto hasta hace varios meses, un piso entero de un edificio tenía alojada y no declarada una estación de policía de la Policía Nacional China», dijo el fiscal federal de Distrito Esta de Nueva York, Breon Peace, en una rueda de prensa.

Peace citó que en al menos una ocasión, las fuerzas de seguridad chinas solicitaron a uno de los dos acusados en este caso, arrestados esta mañana, la localización de un activista prodemocrático de ascendencia china que vivía en California. El fiscal aseguró que los dos acusados admitieron haber borrado de sus teléfonos comunicaciones con funcionarios de la policía china, después de enterarse que el FBI había abierto una investigación contra ellos.

Los detenidos son Lu Jianwang, de 61 años, y Chen Jinping, de 59, ambos residentes en Nueva York y que comparecerán por primera vez ante un juez federal de la ciudad. Lu, que según los fiscales colaboraba desde hacía años con el aparato de seguridad chino, y Chen están acusados de conspirar para actuar como agentes extranjeros y de obstrucción a la Justicia por la supuesta destrucción de pruebas de sus comunicaciones con funcionarios chinos.

En cuanto al segundo caso, se trata de la imputación de 34 agentes de la Policía china que pertenecen a un grupo denominado «Proyecto Especial 912», que opera como una «granja de troles» que actúa «contra activistas por la democracia y disidentes chinos ubicados fuera de la República Popular China», según Peace.

La acusación sostiene que este grupo creó miles de perfiles falsos que eran usados de manera coordinada para hostigar, desacreditar y amenazar a disidentes y activistas en todo el mundo: «Personas que la República Popular China percibe como amenazas para la legitimidad del Partido Comunista Chino».

Entre sus actividades, el fiscal destacó el boicot de reuniones online, para forzar su interrupción. Asimismo, dijo, «utilizan sus falsos perfiles en línea para difundir propaganda y la narrativa oficial del Gobierno chino con el objetivo de contrarrestar y coartar a los disidentes que hablan en favor de la democracia».

«No podemos tolerar ni toleraremos la persecución por parte del Gobierno chino de activistas prodemocracia que han buscado refugio en este país. Queremos que este procesamiento sirva de advertencia de que seguimos decididos a luchar contra cualquier intento del Partido Comunista Chino de oprimir e intimidar a nuestros residentes», subrayó Peace.

Mientras empresas chinas, como Huawei, se perciben cada vez más como una amenaza para la seguridad en los países europeos, los dos gigantes de la vigilancia Hikvision y Dahua han recibido poca atención aunque sus equipos vigilan aeropuertos, estaciones de tren e incluso edificios gubernamentales en todo el mundo. En Alemania hay decenas de miles de dispositivos Hikvision, incluso en estaciones de policía y ministerios, según informes recientes de los medios.

No todo el mundo está contento con dicha situación, porque el gobierno chino posee partes de ambas empresas. Su presencia en infraestructura crítica preocupa por posible espionaje. Los críticos advierten que Pekín podría filtrar información confidencial de dichos sistemas.

Además, es difícil detectar brechas de seguridad. «Toda empresa china tiene que cooperar con el gobierno y entregar datos, si se le solicita. Esto incluye datos almacenados en la República Popular China que se recopilaron en el extranjero», afirmó Antonia Hmaidei, investigadora en el Instituto Mercator de Estudios sobre China (MERICS).

Por eso, muchos países están prohibiendo empresas chinas. Los proveedores de telecomunicaciones Huawei y ZTE son quizás los casos más conocidos, pero los gobiernos occidentales también tratan de controlar más a Hikvision y Dahua. Desde finales de 2022, Australia y el Reino Unido decidieron retirar los productos de esas empresas de los sitios gubernamentales y otras áreas sensibles. Estados Unidos prohibió sus ventas e importaciones por completo, alegando un «riesgo inaceptable para la seguridad nacional».

Las dos empresas de vigilancia también se enfrentan a graves acusaciones de permitir abusos contra los derechos humanos: varios informes independientes han señalado que Hikvision está proporcionando tecnología de video para la persecución de la minoría uigur en China.

¿Cómo pudieron los gigantes chinos asegurarse una posición tan dominante a pesar de las críticas y acusaciones?

La respuesta está en el precio: los equipos de Hikvision, por ejemplo, pueden ser hasta diez veces más baratos que sus competidores, según un informe de 2021 de la ONG de derechos digitales Access Now.

«El problema es que debido a que están tan estrechamente relacionados con el gobierno, es posible que no estén jugando limpio en términos del precio de su tecnología», explicó Mike Jude, analista de mercado de IDC Video Survallaince. Esto brinda una ventaja decisiva en los países más pobres del sur global, donde Jude ve un gran potencial para el mercado de videovigilancia.

En América Latina, donde los analistas estiman una tasa de crecimiento anual del mercado de más del 13% para los próximos años, los gobiernos de toda la región amplían sus capacidades de videovigilancia, incluidas herramientas para el reconocimiento biométrico. Pero las leyes de protección de datos en muchos países son insuficientes para responsabilizar a las autoridades y empresas. Esto representa una amenaza para la privacidad de las personas, según Access Now.

En sus esfuerzos por aumentar la vigilancia pública, los gobiernos de la región a menudo recurrieron a fabricantes chinos. Además de precios asequibles, Hikvision también trató de aumentar su presencia al proporcionar equipos gratuitos durante la pandemia de COVID-19, pero también con la apertura de un sitio de ensamblaje en Brasil, informó el grupo de investigación de la industria IVPM.

La experta en seguridad cibernética Antonia Hmaidi cree que hay que mejorar la seguridad de los sistemas de vigilancia. En Alemania, por ejemplo, la mayoría de estos sistemas no se actualiza con regularidad y es entonces vulnerable a los ataques cibernéticos. «Y sabemos que los actores privados y patrocinados por el Estado que operan desde China son muy activos en este campo», agregó Hmaidi.

Además, la experta propone incluir reglas transparentes para todos los proveedores de videovigilancia con dispositivos actualizados y con sus servidores fuera del alcance de regímenes autoritarios.

Otro artículo de interés: Ministro chino de Defensa visita Moscú