ESPAÑA

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La postura de España sobre el Sáhara Occidental es «constante, no ha cambiado y no va a cambiar», ha respondido la ministra de Exteriores en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, ante preguntas del PP y de Bildu sobre la crisis con Marruecos, país que ha asegurado que el detonante de la misma ha sido la «indefinición» de España sobre el Sáhara.

González Laya ha recordado que la política española sobre el Sáhara es una política de Estado desde hace años y que fue refrendada a principios de marzo en una moción apoyada por ocho grupos parlamentarios en el Senado, incluido el PP y Bildu.

Entonces, los partidos instaron al Gobierno a que «apoye y facilite» tanto en la ONU como la UE, «una solución política conforme al derecho internacional y las resoluciones de la ONU», y esa es la política «que vamos a seguir, la que Bildu y PP y otros miembros de la cámara apoyaron», ha comentado.

Para el PP, la crisis con Marruecos es el último capítulo de una serie de «líos» en política exterior con los que el Gobierno «ha dilapidado nuestra credibilidad y la ha convertido en perfecta debilidad», ha asegurado la diputada del PP Valentina Martínez.

Por eso, la portavoz de relaciones Exteriores del Grupo Popular ha subrayado que «España necesita un Gobierno fiable, creíble y respetado dentro y fuera de nuestra fronteras», una política exterior «fuerte, eficaz y sensata, que permita recuperar las relaciones buena vecindad con Marruecos y el resto de socio y aliados».

En respuesta, la ministra ha reiterado que España «no ha buscado, deseado, ni alimentado una crisis» con Marruecos, y por eso está «plenamente comprometida a mirar al futuro, con diálogo» para recuperar la «cooperación modélica que (…) que ha dado frutos muy destacados de estabilidad y prosperidad y los va a seguir dando».

La Audiencia Nacional española rechazó enviar a prisión provisional o retirar el pasaporte al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, aunque pidió que aporte un domicilio y un teléfono para estar localizable, tal y como había solicitado la Fiscalía.

Gali declaró el primero de junio por videoconferencia ante el juez español Santiago Pedraz, en el marco de varias querellas por presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas, entre otros, aunque no ha sido formalmente inculpado en ninguno de estos casos. Y, como ya había hecho en una ocasión anterior, Pedraz volvió a considerar que no hay motivos que justifiquen medidas tan gravosas como las solicitadas por las acusaciones.

Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, se encuentra hospitalizado desde abril en Logroño, en el norte de España, por complicaciones derivadas del covid-19. Su hospitalización fue justificada por la jefa de la diplomacia española, Arancha González Laya, «por razones humanitarias».

«No consta ningún dato para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración», según el magistrado.

Pedraz señala además que la acusación «no ha suministrado elementos siquiera indiciarios» que avalen «la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno», dado que las declaraciones de testigos prestadas hace años «no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado».

En su declaración, el líder del Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD, autoproclamada en 1976) negó todas las acusaciones en su contra y las atribuyó a un motivo «político» para tratar «una vez mas de minar la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino a la autodeterminación». Su abogado tachó de «absoluta y rotundamente inciertos» los hechos objeto de acusación.

La audiencia ha suscitado gran interés en España y Marruecos, después de más de un mes de tensión al más alto nivel político y diplomático, que tuvo su punto más álgido cuando, a mitad de mayo, entraron en el enclave norteafricano español de Ceuta unos 10.000 migrantes desde territorio marroquí.

La declaración de Ghali obedece a una querella por detención ilegal, torturas y crímenes de lesa humanidad presentada en 2020 por Fadel Breika, disidente del Polisario y naturalizado español. Breika afirma haber padecido «torturas» en el campo de refugiados saharuis de Tinduf, en Argelia. La querella fue inicialmente archivada, pero a inicios de año se rebrió.

La otra causa por la que será interrogado Ghali se remonta a 2007, y fue reabierta debido a la presencia en España del líder del Frente Polisario. La denuncia fue presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) por presuntos delitos de «genocidio», «asesinato», «terrorismo», «torturas» y «desapariciones», cometidos presuntamente en los campos de Tinduf.

Considerando no tener «indicios claros» de la participación de Brahim Ghali en los delitos descritos en esa segunda querella, el juez se negó a tomar medidas cautelares, como la confiscación de sus documentos a fin de impedirle salir de España.

El lunes, el ministerio marroquí de Exteriores advirtió que la crisis no se resolverá sólo con la declaración del líder separatista saharaui ante la justicia, y reclamó una investigación «transparente» sobre las condiciones de su llegada a España. Marruecos lo acusa de haber viajado «con un pasaporte falsificado».

En un nuevo cruce de acusaciones, Rabat destacó que la crisis es «un examen para la fiabilidad» de la relación bilateral. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, replicó diciendo que le parece «inaceptable» que Marruecos haya podido permitir un «asalto» a las fronteras españolas ─la llegada de 10.000 migrantes a Ceuta─ en respuesta a unas «discrepancias en política exterior».

«En peligro de muerte», el líder del Polisario llegó a España rodeado del mayor secreto el 18 de abril, a bordo de un avión medicalizado de la presidencia argelina y con un «pasaporte diplomático» en mano, según el diario El País. Luego fue ingresado en un hospital de Logroño bajo un nombre falso, «por razones de seguridad», lo que obligó al juez de la Audiencia Nacional a enviar a unos policías para verificar su identidad y notificarle que estaba llamado a declarar.

En represalia por la acogida de quien Rabat considera un «criminal de guerra», las fuerzas marroquíes dejaron abierta la frontera con Ceuta hace dos semanas, lo que provocó un volumen inédito de llegadas de inmigrantes irregulares.

El Sáhara Occidental, excolonia española, es un gran territorio desértico situado al norte de Mauritania y considerado por la ONU como «territorio no autónomo», ya que su estatus no ha sido fijado de forma definitiva. Apoyado por Argelia, el Frente Polisario exige que se celebre un referendo de autodeterminación contemplado por la ONU. Marruecos, que controla la mayor parte del territorio, se niega a ceder soberanía y propone a lo sumo un régimen de autonomía

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