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Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, implementaron nuevas sanciones contra Bielorrusia el lunes, coincidiendo con el primer aniversario del inicio de las protestas contra las elecciones consideradas fraudulentas por la comunidad internacional.

Desde entonces, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, ha tomado duras medidas contra manifestantes pacíficos y opositores políticos.

El último caso conocido es el de la atleta bielorrusa Krystina Tsimanouskaya que logró escapar en el aeropuerto de Tokio al finalizar su participación en los juegos olímpicos de Tokio.

«En lugar de respetar la clara voluntad del pueblo bielorruso, el régimen de Lukashenko perpetró un fraude electoral, seguido de una brutal campaña de represión para sofocar la disidencia», sostuvo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un comunicado.

«Desde detener a miles de manifestantes pacíficos, hasta encarcelar a más de 500 activistas, líderes de la sociedad civil y periodistas como prisioneros políticos, hasta forzar el desvío de una huida internacional en una afrenta a las normas globales, las acciones del régimen de Lukashenko son un esfuerzo ilegítimo para aferrarse al poder a cualquier precio».

Las acciones de Washington, Londres y Ottawa apuntan a las industrias de la construcción, la energía, la potasa y el tabaco de Minsk, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos describió como las «billeteras» del gobierno de Lukashenko.

«Junto con nuestros socios canadienses y británicos, hoy estamos demostrando una continua condena internacional a las acciones antidemocráticas del régimen de Lukashenko», dijo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en un comunicado.

En respuesta a las sanciones británicas, que se anunciaron más temprano en el día, Lukashenko dijo a los periodistas el lunes que Gran Bretaña podría «ahogarse» con ellas.

«Ustedes son los perros falderos de Estados Unidos», declaró Lukashenko en una conferencia de prensa de una hora durante la cual negó ser un dictador y dijo que sus acciones contra manifestantes y opositores políticos fueron en defensa de Bielorrusia y evitaron un golpe de Estado.

Reino Unido y Estados Unidos habían señalado previamente a personas bielorrusas congelando activos e imponiendo prohibiciones de viaje, pero esas acciones no han logrado moderar el comportamiento de Lukashenko, que ha dirigido la antigua república soviética desde 1994.

Los ministros de relaciones exteriores de la Unión Europa anunciaron este lunes nuevas sanciones al gobierno de Bielorrusia, esta vez contra 86 funcionarios y entidades de propiedad estatal.

Se espera que Estados Unidos y Gran Bretaña emitan sus propias sanciones en los próximos días, dijeron fuentes del bloque.

Las nuevas sanciones están dirigidas a funcionarios sospechosos de participar en el aterrizaje obligado de un avión de Ryanair en mayo pasado y en la represión contra manifestantes desde agosto pasado que protestaban contra un presunto fraude electoral del presidente Alexandr Lukashenko, quien está en el poder desde 1994.

Los ministros probablemente señalarán que las sanciones pronto podrían ampliarse para incluir restricciones a las exportaciones bielorrusas de potasa y productos del petróleo, y una prohibición de nuevos préstamos de bancos europeos a Bielorrusia.

Todo eso será coordinado con otros aliados occidentales, entre ellos Estados Unidos, dijeron funcionarios europeos.

El presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, escribió en un mensaje de Twitter que la Unión Europea «envió otra fuerte señal de apoyo al pueblo de Bielorrusia».

«Nuestro mensaje al régimen no puede ser mal entendido: liberen a todos los prisioneros políticos. Detengan la represión», agregó Michel.

Bielorrusia es un gran exportador de potasa o cloruro de potasio, usado en fertilizantes y otros químicos. Los países de la Unión Europea importaron 1.500 millones de dólares en productos químicos de Bielorrusia el año pasado y 1.200 millones de dólares de petróleo crudo y lubricantes.

El país depende también de préstamos de bancos comerciales europeos y su cancelación, así como la prohibición a los inversionistas europeos de hacer operaciones con acciones y bonos de corto plazo, tendrán un gran impacto económico, dijeron diplomáticos europeos.

Por otra parte, las autoridades de Lituania acusaron de nuevo a Lukashenko de estar detrás de un aumento de solicitantes de asilo iraquíes y sirios que están cruzando ilegalmente la frontera hacia ese país.

La denuncia es que la agencia de turismo estatal de Bielorrusia ha estado organizando vuelos de migrantes a Minsk desde Bagdad y Estambul a un costo desde 1.800 a 12.000 dólares y después los entregan a guardias fronterizos bielorrusos que los cruzan a Lituania por la frontera de 680 kilómetros entre los dos países, compuesta en gran parte por bosques.

Hasta la fecha, las sanciones de Occidente contra Bielorrusia ha tenido poco efecto en persuadir a Lukashenko a poner fin a la represión contra disidentes y opositores. Se calcula que alrededor de 30.000 todavía siguen en prisión.

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